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Debido al alto número de casos que  se presentan en la práctica, relacionados con el cobro de cartera (deudas), pero sin posibilidad de aportar la prueba documental respecto de la existencia de las obligaciones dinerarias, decidí alertar a la comunidad  y brindarles las siguientes recomendaciones para tener en cuenta al momento de celebrar un negocio de mutuo (préstamo de dinero) con el fin minimizar al máximo el riesgo de pérdida del dinero prestado.

1) Estudio previo:

Antes de celebrar cualquier negocio jurídico relacionado con el préstamo de dinero asegúrese que el futuro deudor tenga la capacidad económica para respaldar la deuda adquirida. Lo anterior lo puede hacer fácilmente solicitando los certificados de tradición tanto de bienes inmuebles como de automotores, utilizando el número de cédula de dicha persona. En caso de no poseer ninguna clase de bienes, sería útil solicitar un certificado laboral en donde conste salario, tipo de contrato, antigüedad y demás condiciones laborales. En este punto es importante verificar el contexto familiar del deudor, indagando sobre el número de hijos y/o personas a cargo, ya que en el evento de un posible embargo de salario los mencionados factores influirán de forma considerable en el porcentaje embargable.

2) Contrato por escrito:

Una vez constatada la capacidad de endeudamiento de la persona, usted deberá dejar de forma escrita el contrato y las condiciones del mismo. Éste documento deberá tener como mínimo la siguiente información: a) nombres completos e identificación de las partes b) la suma objeto del contrato y el porcentaje de intereses, si se van a cobrar y c) la fecha en que se deben pagar los dineros. Si llegare a faltar alguno de estos requisitos, su contrato no reunirá los requisitos mínimos establecidos por la ley y por ende la posibilidad de hacer exigible tal obligación ante la justicia se verá truncada.

Sin embargo, si se presentare esta situación (incumplimiento de la obligación sin soporte documental de la deuda) existen dos posibles alternativas, que de hecho son bastante remotas: a) lograr que el deudor firme un documento en el que se obligue y reconozca la deuda; documento que por supuesto debe reunir las exigencias arriba señaladas, o b) llevar a cabo un “interrogatorio de parte como prueba anticipada” para lograr constituir la prueba de la mencionada deuda. Empero, estas dos opciones dependerán única y exclusivamente de la voluntad del deudor.

Por otro lado, si decide recurrir al uso de cualquier otro documento como letra de cambio, pagaré, cheque, etc., con el fin de asegurar la constitución de la prueba de la deuda, la recomendación es asesorarse previamente de un abogado ya que si los anteriores no son configurados con el lleno de los requisitos legales, tampoco valdrán como documento válido para reclamar sus derechos en un eventual proceso ejecutivo.

3) No dejar vencer el término:

Recuerde que llegado el día de vencimiento del plazo de la obligación, usted tendrá un término máximo de 3 años para los títulos valores (a excepción del cheque que tiene un término máximo de 6 meses) y de 5 años para los títulos ejecutivos en general, para hacer efectiva la obligación, después de los cuales, desafortunadamente, usted no podrá cobrar su dinero.  En otras palabras, se podría decir que vencido los términos de prescripción anteriormente señalados, la única alternativa para “renovar” la fecha de la obligación, y así poder traer ésta de vuelta a la vida jurídica, es lograr la nueva expedición de las letras de cambio, cheques, pagaré o en general del documento contentivo de la obligación con una nueva fecha de creación; sin embargo, recuerde que esta opción, cómo ya se dijo, dependerá única y exclusivamente de la voluntad del deudor debido a que no existe, al interior de nuestro ordenamiento jurídico, ley alguna que le exija a tal persona obligarse de nuevo.

La razón de esto es simple, así como existe un deber en cabeza del deudor consistente en cancelar la deuda, también existe un deber mínimo de diligencia por parte del acreedor frente a la protección de sus derechos ¿Quién más que el acreedor para abogar por la defensa de sus propios intereses?

DAVID ALEJANDRO PEÑUELA ORTIZ

ABOGADO-CONSULTOR


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