OPORUNIDAD LABORAL – AUDITOR LÍDER SISTEMAS DE GESTIÓN MODALIDAD FREELANCE NORMAS ISO 9001.2015-ISO 14001:2015-OHSAS 18001:2007

FORMACIÓN PROFESIONAL:

  • Título profesional como Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Ambiental, Ingeniero de Alimentos, Ingeniero Metalúrgico, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electrónico , Ingeniero Eléctrico, Microbiólogo Industrial , Abogado y demás carreras afines a la actividad.
  • Especialización y / o Maestría en Sistemas de Gestión.
  • Obligatorio haber aprobado  un Curso Auditor Líder en las normas que audita con actualización a la versión 2015 de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 avalado por un Organismo Internacional por ejemplo IRCA.

 

EXPERIENCIA :

Mínima de 4 años demostrables con certificado realizando auditorías de tercera parte conducentes a certificar empresas en normas como ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y otras normas internacionales certificables

Preferible con experiencia demostrable como facilitador en capacitaciones en centros de educación superio.

IDIOMAS:

Inglés hablado y escrito en un 80% (no excluyente).

HABILIDADES

Referirse a los requisitos de la Norma ISO 19001

Habilidades blandas y gerenciales propias del cargo.

Para optar a esta convocatoria, se requiere que la persona tenga evidencia demostrable de los títulos profesionales, cursos y experiencia laboral específica como auditor de tercera parte.

 Favor enviar su Curricular Vitae al correo electrónico Fernando.penuela@intertek.com

​¿Podrían Perseguirse Los Bienes De Francisco y Catalina Uribe Noguera Para Reparar a La Familia Samboní?

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Según información dada por los medios de comunicación, el pasado viernes 30 de diciembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de favorecimiento en contra de Francisco y Catalina, hermanos de Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la menor Yuliana Samboní, por, presuntamente,  tener conocimiento de los delitos cometidos por su familiar y entorpecer la investigación y persecución que estaban adelantando las autoridades. 
A su turno, el martes 3 de enero de 2017 el juez 68 penal con funciones de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento restrictiva, para salir de Colombia.

Ante este nuevo panorama procesal, muchos se estarán preguntando si ellos también deberían responder penal y económicamente por el crimen de Yuliana. 

Lo primero que hay que decir, es que los delitos cometidos por Rafael, y por Francisco y Catalina son bastante distintos. Mientras que el primero está sindicado de secuestrar a la menor, accederla carnalmente y, de forma posterior, quitarle la vida, los hermanos serán imputados por una modalidad de encubrimiento del delito llamada favorecimiento, consistente en ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación de las conductas realizadas por Rafael, la cual acarrea una pena de uno a cuatro años de prisión. 

En términos prácticos, el delito que se les imputará a los hermanos no podría existir si Rafael no hubiera cometido las conductas reprochables, ya que es un delito accesorio a otro principal. 

Así, lo que determinará que alguien deba ser responsable por la indemnización de los perjuicios a favor de la familia Samboní, es su participación en los crímenes iniciales y no en los que se cometieron de forma posterior.

¿Por qué? Porque la obligación de indemnizar los perjuicios causados debe tener como requisito indispensable una conexión entre la acción o la omisión de los hermanos y el secuestro, la violación y la muerte de Yuliana. 

Por lo tanto, si se eliminaran de la ecuación las acciones supuestamente realizadas por Francisco y Catalina, los delitos contra la menor igualmente se hubieran cometido, por parte de Rafael. Visto lo anterior, es evidente que no existe conexión entre los perjuicios causados a la familia Samboní generados por las acciones de Rafael y la conducta investigada de los hermanos Uribe Noguera. En consecuencia, la respuesta al interrogante planteado es no. 

En principio, la única forma en que los hermanos deban responder económicamente es que sus actos generen nuevos perjuicios independientes y autónomos de los causados por Rafael y que aquellos tengan conexidad con el delito de favorecimiento. Podría pensarse en un posible daño moral por la agonía sufrida por los familiares de la familia Samboní, vinculado al hecho de que Francisco y Catalina dilataran injustificadamente el conocimiento de la verdad de los hechos. 

Ahora bien, otra incógnita frecuente en este caso es si la familia, en especial los padres, estarían en la obligación de aportar dinero para la indemnización de la familia Samboní, por el sólo hecho de ser los padres y tener dinero.

Infortunadamente la respuesta también es negativa. Sin conocer las pruebas del caso, se podría decir que no existe vínculo entre la conducta de los padres y los delitos cometidos por su hijo.  

Lo anterior, en el entendido de que la responsabilidad penal y, en principio, la responsabilidad patrimonial (obligación de indemnizar) derivada de conductas punibles son personales e individuales, exigibles únicamente al delincuente. 

Con Argumentos De Poco Peso La Sección 4° Del Consejo De Estado Quiere Sentar Jurisprudencia En Materia De Responsabilidad Por el Hecho Del Legislador.

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Con ocasión de las diferencias notorias que se presentaron respecto de las posiciones jurídicas asumidas en las sentencias con radicado No. 28.741, magistrado ponente Enrique Gil Botero y No 28.184, magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio, ambas emitidas por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en el año 2014 manifesté mi parecer acerca del vaivén que se presentaba en aquel entonces, en relación con la figura de la responsabilidad por el hecho del legislador, el cual es revivido hoy con motivo del fallo de tutela de 7 de abril de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2014-02171-00, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, en el cual se ordena dejar sin efecto la sentencia del 26 de marzo de 2014 identificada con número 28.741 antes reseñada.

 

Mediante el fallo de tutela sub examine, se asumió la posición sostenida por Santofimio en el sentido de considerar que no existirá daño antijurídico, en todos aquellos eventos en que la Corte Constitucional no determine efectos hacia el pasado, respecto de los fallos de inexequibilidad de una norma de carácter tributario.

 

Dicho de otra forma, según la posición de Santofimio, la existencia del daño antijurídico está condicionada a la declaratoria de los efectos pasados del fallo, por parte de la Corte.

 

Ante este panorama, el presente artículo tiene como finalidad analizar los argumentos esgrimidos en sede de tutela y sentar una opinión, tal como sucedió en el año 2014.

 

En consecuencia, en la primera parte de la columna se hará, precisamente, un breve resumen de la sentencia demandada y se describirán las ideas centrales del fallo de amparo, al paso que la segunda consistirá en el análisis de éstas, desde el punto de vista de la disciplina de la responsabilidad patrimonial del Estado y del derecho procesal administrativo.

 

De lleno al punto, en sentencia con radicado No. 28.741 se estableció la responsabilidad patrimonial de la Nación-Congreso de la República por los daños causados a la empresa Goodyear de Colombia S.A. como consecuencia de la creación y el respectivo pago de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros (TESA), la cual fue, posteriormente, declarada inexequible por la Corte Constitucional.

 

Al respecto, se afirmó, en pocas palabras, que aunque el tribunal constitucional fije los efectos del fallo hacia el futuro, nada obsta para para que el ciudadano reclame la reparación de los perjuicios causados con el pago del impuesto, habida cuenta que la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad corresponde a un concepto totalmente distinto al deber que tiene el legislador de reparar el daño, entre otras, porque el daño antijurídico no nace de dicha declaración, sino de la falla en el servicio cometida por el legislador desde el momento mismo de la expedición de la ley; lo que trae como consecuencia que el daño sea imputable, no a quien ejecutó el recaudo (DIAN), sino a quien lo creó.

 

En tal punto, el perjuicio no lo deberá reparar el recaudador restituyendo los dineros percibidos, -lo cual sí generaría una variación en las situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de la ley-, sino el Legislador (Congreso de la República), debido a la errónea creación de una ley. 

 

Finalmente, se señaló que el título de imputación bajo el cual se resolvió el caso consistía en la falla del servicio.

 

Con motivo de la insatisfacción de esta decisión, el Congreso de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica presentaron acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

 

Como era de esperarse, el fallo de tutela sostuvo argumentos totalmente contrarios a la decisión acusada. Los puntos controvertidos fueron: la existencia del daño antijurídico, la legitimación en la causa por pasiva, el título de imputación, la competencia para establecer la responsabilidad del Estado y la acción que debió haber iniciado la empresa Goodyear de Colombia S.A.

 

La crítica fundamental parte de considerar la no concreción de un daño antijurídico por la aplicación de una norma declarada inexequible, pero que en su momento revestía validez.

 

Dicho de forma sencilla, los daños producidos por la aplicación de la ley, mientras ésta se encontraba vigente, son jurídicos gracias a la presunción de constitucionalidad que recaía sobre ella, en tanto el fallo de esta naturaleza generó efectos sólo hacia futuro.

 

En este sentido, sostiene la tutela,  el hecho que se declare la inexequibilidad de la ley no significa nada distinto a que deja de ser ejecutable en el futuro, salvo que la propia Corte Constitucional indique que la sentencia tiene un efecto diferente al ex nunc.

 

Respecto a la legitimación en la causa por pasiva del Congreso de la República, el fallo sostuvo que no es acertado imputar a esta entidad un daño que ni siquiera produjo, pues, si se admitiera que existe un daño reparable, el llamado a responder no es aquel, sino la entidad recaudadora del tributo en favor de la Nación, es decir, la DIAN.

 

De cara al título de imputación utilizado (falla del servicio), se argumentó que no resulta  acertado asimilar la función legislativa con la prestación de servicios y por, ende, no se puede predicar, ante un yerro en aquella, la configuración de una falla del servicio. Desde este punto de vista, asegura la decisión analizada, una arista corresponde a la función legislativa que, esencialmente, consiste en dictar leyes y en la creación del derecho y, otra, muy diferente, es la prestación de los servicios públicos, bien sea a cargo del Estado o de los particulares, que está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. Por lo dicho, no es posible hablar de la falla en la prestación de un servicio, ni de ningún otro título de imputación.

 

En punto de la competencia para establecer la existencia de los daños antijurídicos a partir de la declaratoria de inexequibilidad de una norma tributaria, el fallador sustentó que el juez administrativo modificó los efectos de la sentencia de constitucionalidad, con el único propósito de justificar la existencia del daño y ordenar la condigna indemnización del perjuicio causado. En consecuencia, resulta inexplicable que la Corte Constitucional dé ciertos efectos a su sentencia y que el juez administrativo los cambie.

 

Finalmente, se dijo que si Goodyear de Colombia S.A. estimaba que la TESA pagada en el periodo comprendido de enero a octubre de 2001 no tenía fundamento legal, en razón de la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2001, antes que acudir a la acción de reparación  directa, debió hacer uso del mecanismo de devolución de dineros contemplado en el artículo 850 ibídem, para luego, si no estaba de acuerdo con la decisión, demandarla mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  


Ahora bien, explicados los fundamentos del fallo de la tutela procederé a dar mi opinión al respecto en este mismo orden.

 

En relación con los efectos del fallo de constitucionalidad y su vínculo con la existencia de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, es de recordar que, según el artículo 90 de la Constitución Política, esta clase de responsabilidad se configura sólo con la presencia de tres elementos: daño, imputación y fundamento, sin que la declaratoria de la inexibilidad de una norma con efectos hacia el pasado sea un elemento sine qua non de este tipo de disciplina.

 

¿Acaso sólo habrá responsabilidad por el hecho del legislador si la Corte Constitucional así lo determina?

 

Establecer lo contrario, resultaría en que esta última Corporación sería la competente para conocer y definir los asuntos contencioso-administrativos en relación al servicio de creación de leyes, lo que contraría los artículos 237 y 241 ibídem.

 

Corolario de lo anterior, es preciso aclarar que es el Consejo de Estado a quien le corresponde determinar la responsabilidad patrimonial estatal y no a la Corte Constitucional.

 

En punto de la legitimación en la causa por pasiva, vale la pena recordar una obviedad: en los casos de responsabilidad del Estado por la creación de leyes el análisis del elemento imputación obligatoriamente debe recaer en quien dio vida a la ley y no en quien la ejecuta.

 

Así las cosas, es evidente que la DIAN (entidad ejecutora de la norma) no está legitimada en la causa por pasiva para responder patrimonialmente por el hecho de la creación de las leyes, ya que su competencia no es dar vida a las leyes nacionales.

 

Por ende, el Congreso de la República sí está legitimado en esta causa.

 

De cara al título de imputación utilizado (falla del servicio), se argumentó que la función de crear leyes no corresponde a un servicio público, por lo que no puede configurarse dicha falla, en tanto ésta tiene como premisa, precisamente, la no prestación, la prestación tardía o la prestación defectuosa de un servicio público.  

 

No obstante, según las voces del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, entre ellas, las actividades que se desarrollan en cualquiera de las ramas del poder público.

 

Por su parte, el artículo 113 de la Constitución Política establece que son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

 

En consecuencia, es evidente que la creación de leyes, al ser una función realizada por el poder legislativo, sí constituye un servicio público y, por lo tanto, sí puede ser susceptible de materializar una falla en el servicio.

 

Finalmente, se sostuvo en sede de tutela que la acción no era la consistente en la reparación directa, sino en la de nulidad y restablecimiento, como quiera que el artículo 850 del Estatuto Tributario establece que los contribuyentes podrán solicitar la devolución de saldos a favor y, en este sentido, luego de obtener el pronunciamiento de la DIAN sobre este punto mediante acto administrativo, Goodyear de Colombia S.A. debía demandar dicha decisión.

 

No obstante, en mi sentir, esta es una posición errada. Si bien esa pudo haber sido una vía legal para obtener el reembolso, lo cierto es que no existe una norma que determine la obligatoriedad de ese mecanismo. Muy por el contrario, la norma citada utiliza el verbo “podrá”, lo que significa que dicho medio es facultativo. Adicionalmente, este acto administrativo no sería la causa determinante del daño.

 

De igual forma, si la figura que se utiliza para el juzgamiento del caso es la consistente en la responsabilidad patrimonial por el hecho del legislador, mal podría demandarse un acto administrativo expedido por la DIAN, ya que, en primera medida, dicho acto no es la causa del daño y, adicionalmente, este sujeto, como se indicó, no está legitimado en la causa por pasiva.

 

Por lo tanto, la acción de reparación directa sí era el medio judicial adecuado para ventilar este asunto. 

Esta Es Nuestra Historia

Dicen que un bogotano gasta alrededor de 20 años de su vida encerrado en un bus. Muchos yendo o volviendo de un trabajo en el que, por el motivo que sea, no se sienten satisfechos.

Lo mismo me pasó a mí, sin saber que la solución estaba en mis manos.

Después de 7 años defendiendo al Estado y buscando empresas dónde crecer como persona y como profesional, que valoraran las ganas que tengo de aprender y que me permitieran tener estabilidad económica y laboral, no encontré ninguna que reuniera esta fórmula.

Aunque de dinero no me puedo quejar, ese sueño laboral no va con mi personalidad. Nunca me trasnochó, si me permiten la palabra. Siempre me ha gustado emprender, crear, dirigir, aprender y ganar, aunque esto implique perder a veces. Y esto, nunca lo encontré en una posición laboral.

Entonces ¿por qué seguir intentando algo en un campo en el que la vida se ha encargado de demostrarme que no encajo?, ¿por qué, teniendo las habilidades para ofrecer algo mejor a la sociedad, sigo tocando las puertas equivocadas? Me pregunté.

Y la respuesta llegó un día normal en el que, irónicamente, estaba buscando la dichosa estabilidad laboral. Simplemente, decidí dejar de evadir mi felicidad: si el mundo no se ajusta a ti, crea tu propio mundo leí en algún lado. Y así, decidí dejar de lado tantas excusas y poner mi inteligencia, conocimiento, experiencia y valores al servicio de los demás.

Hoy nace David Peñuela Oficina Legal; un sueño hecho realidad.

Hoy decidí crear mi propia firma de abogados, con base en mis propios principios, valores y visión de la sociedad que me enseñaron mis viejos.

Hoy nace una opción eficaz, fresca, contundente, sincera y honesta para aquellos que buscan un servicio humano y distinto al típico abogado.

Si por algún motivo crees que vale la pena leer estas líneas, te agradezco me apoyes compartiendo esta publicación. También puedes entrar a www.dpoficinalegal.com .

PD: Les aseguro que más de una empresa deseará haberme contratado, porque ahora estoy del lado de ustedes.

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David Peñuela Oficina Legal

¿Cómo Funciona La Acción De Extinción De Dominio?

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La Extinción de Dominio es una consecuencia patrimonial que tiene como finalidad desincentivar  económicamente el enriquecimiento ilícito, trasladando el derecho de propiedad de los bienes (muebles e inmuebles) del que son titulares las personas a favor del Estado.

Lo anterior, se logra a través de la acción que se lleva su mismo nombre y a través de un proceso compuesto por dos etapas: la investigación y el juicio. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el juzgamiento está a cargo de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de extinción de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Jueces del Circuito especializados en extinción de dominio.

En cuanto a los mecanismos preventivos con que cuenta la Fiscalía para adelantar el trámite, se tienen las siguientes medidas cautelares: suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercios o unidades de explotación económica. Esto, con el fin de evitar que se pierda el rastro de dichos bienes en manos de terceras personas.

Una vez ordenada alguna de las medidas descritas, los bienes pasan a ser administrados por  la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (antes Dirección Nacional de Estupefacientes) a través de los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional, depósito provisional, destrucción o chatarrización y donación entre entidades públicas. Cabe anotar que, normalmente, estos sistemas se ejercen a través de terceras personas

Bajo este panorama y de determinarse la improcedencia de la acción y la consecuente devolución de los bienes a su propietario, los daños y perjuicios causados por el Estado con ocasión de la Acción de Extinción de Dominio pueden darse, entre otros, por dos motivos: por la indebida administración de los bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. causada por la pérdida, improductividad o deterioro de los bienes y por el simple hecho de haber retenido los mismos y privar de la posibilidad de uso y goce por parte de su propietario en periodo de tiempo determinado. Este último daño, resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación.

Daños Causados Por Una Acción u Omisión Del Estado

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Esta forma de causación de daños es la más común. Como su nombre lo indica, los daños y perjuicios son causados por acciones u omisiones que no son actos administrativos ni contratos.

Ejemplos de esta modalidad pueden ser la privación injusta de la libertad, un accidente de tránsito causado con un vehículo oficial, la ausencia de protección por parte del ejercito a un pueblo que es tomado por la guerrilla, la no señalización de una carretera, los falsos positivos, brutalidad policial, entre otros. En conclusión, cualquier daño y perjuicio que surja de actuaciones del Estado que no estén enmarcadas dentro de un acto administrativo o contrato, corresponden a acciones u omisiones.

La acción judicial (medio de control) a través del cual se demandan estos hechos es la consistente en la Reparación Directa, que tiene como término máximo para su presentación el plazo de dos años (2) contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

Daños Causados Por Actos Administrativos o Resoluciones

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JUEZ

En realidad, el término “Acto Administrativo” hace referencia al nombre genérico y “Resolución” es una clase de acto administrativo. Así, éste último, sin importar su clasificación, corresponde a una manifestación de voluntad expresada por la Administración Pública en forma verbal o escrita que puede generar efectos generales o particulares.

Dicho de otro modo, el acto administrativo es el vehículo mediante el cual el Estado emite sus voluntad.

En este sentido, existen actos administrativos generales y particulares. Los primeros están dirigidos a un número indeterminado de personas y generar efectos generales, mientras que los segundos están dirigidos a personas determinadas  y producen situaciones y crean efectos individualmente considerados.

Respecto a las mecanismos judiciales de defensa frente a estas manifestaciones de voluntad, cada una de ellas cuenta con su propia acción y cada acción con sus características especiales.

Así, la acción destinada a demandar un acto administrativo de carácter general no tiene un término mínimo, por lo que se puede presentar en cualquier momento. Por el contrario, la acción que se inicia para demandar un acto administrativo particular sí tiene un término máximo que es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso. Por lo tanto, no habrá defensa en aquellos casos en que este término se supere.

En la demanda que se presente en contra del acto administrativo también se puede solicitar la reparación de daños y perjuicios causados.

Adicionalmente, es necesario interponer los recursos que brinda la ley en contra de dicho acto y que resulten obligatorios, en razón a que es un requisito indispensable para presentar la demanda.

Daños Causados Por Incumplimiento De Contratos

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En términos generales, el Estado está constituido como un garante de los colombianos y sus fines los cumple ya sea por sus propios medios o a través de particulares. En este último evento, el Estado contrata a los particulares para prestar los servicios que están a su cargo como pueden ser la construcción de vías, la prestación de servicios de salud y la recolección de basuras, entre otros.

Ya que se trata del cumplimiento de fines del Estado y los recursos con los que se cancelan los contratos firmados son públicos, esta área del Derecho tiene un régimen normativo especial que regula desde la selección de los posibles contratistas hasta la terminación del contrato.

Por supuesto, tanto antes y durante como después del contrato se pueden presentar eventos ya sea de incumplimiento del contrato pactado, como de los requisitos previos a este que pueden generar daños y perjuicios.

Llegado este punto, lo primero que se debe analizar es si el contrato es válido, para luego determinar si lo que se alega como incumplimiento efectivamente lo es, si están probados los daños y perjuicios y quién los debe indemnizar.

El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;

Responsabilidad Civil Por Bebés Adictos A La Droga

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wp-1466598568533.jpegEn meses pasados fuimos testigos de un turbador vídeo en el que un bebé sufría de episodios de reacción muscular continua generados por su dependencia a las drogas, como consecuencia del consumo de las mismas por parte de la madre en el periodo de gestación.

La patología se denomina síndrome de abstinencia neonatal y se puede presentar por el consumo  de drogas como la heroína, la codeína, la oxicodona (Oxycontin), la metadona o la buprenorfina en dicho periodo.

Tal reacción se presenta cuando, una vez las sustancias descritas atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero, éstas dejan de ser proveídas al bebé.

Más allá de la lamentable situación del bebé –la cual no se desconoce-, el caso descrito plantea un escenario en demasía interesante a la luz de la disciplina de la responsabilidad patrimonial.

En casos ligeramente similares, las personas afectadas con la conducta del causante del daño han hecho uso de las acciones de wrongful birth, wrongful life, wrongful conception y wrongful adoption. No obstante, ninguna de ellas, al parecer, se ajustaría a los hechos planteados.

A diferencia de lo sucedido en las acciones citadas, en las que la conducta del médico es la causa del daño, en el caso planteado es la madre quien ha irrogado los lamentables daños, que pueden ir desde defectos congénitos, bajo peso al nacer, nacimiento prematuroperímetro cefálico pequeño, síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) hasta problemas del desarrollo y la conducta del menor.

Así las cosas, considero que podría resultar viable una acción judicial por procreación irresponsable en contra de la madre. La topología de daños que podría invocarse sería del orden material e inmaterial. Dependiendo de la gravedad de los daños y si llegare a presentarse una condición médica que disminuya la capacidad laboral futura del bebé, podría pensarse en un la concreción de un lucro cesante futuro. En materia de daño emergente, se deberá establecer los gastos futuros que sus acudientes y, en algún momento, el menor tendrán que asumir a consecuencia de la adicción.

En punto de los daños inmateriales, evidentemente se podrá plantear la viabilidad en el reconocimiento de un daño a la salud y del daño moral. Respecto al primero, la reparación deberá otorgarse solamente al menor por ser el único titular. La extensión del mismo, puede incluir no sólo las condiciones orgánicas que puedan ser generadas por la adicción, sino también las afectaciones psicológicas derivadas de la acción.  Frente a la segunda clase de daños inmateriales, adicional al menor, se encontrarían legitimados para solicitar reparación el padre, los hermanos (si existen), los abuelos y, en general, cualquier persona que demuestre una relación de afección con el menor.

En materia probatoria, el daño a salud deberá ser probado de manera médica, al paso que los daños morales, probablemente admitan una presunción de hombre, incluso hasta el grado de parentesco con los abuelos. Los demás sujetos que se consideraren perjudicados con los actos de la madre que no pertenezcan a familiares cercanos, deberán aportar plena prueba que acredite la afectación.

En suma, estamos en presencia de un caso cuyas consecuencias, lejos de mantenerse en un ámbito netamente familiar y extrajudicial, constituyen un presupuesto fáctico concreto para que, en el futuro, veamos fallos de posible condena en contra de una madre que generó adicción a su hijo en pleno periodo de gestación.

Responsabilidad Civil Por Bebés Adictos A La Droga

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En meses pasados fuimos testigos de un turbador vídeo en el que un bebé sufría de episodios de reacción muscular continua generados por su dependencia a las drogas, como consecuencia del consumo de las mismas por parte de la madre en el periodo de gestación.

La patología se denomina síndrome de abstinencia neonatal y se puede presentar por el consumo  de drogas como la heroína, la codeína, la oxicodona (Oxycontin), la metadona o la buprenorfina en dicho periodo.

Tal reacción se presenta cuando, una vez las sustancias descritas atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero, éstas dejan de ser proveídas al bebé.  

Más allá de la lamentable situación del bebé –la cual no se desconoce-, el caso descrito plantea un escenario en demasía interesante a la luz de la disciplina de la responsabilidad patrimonial.

En casos ligeramente similares, las personas afectadas con la conducta del causante del daño han hecho uso de las acciones de wrongful birth, wrongful life, wrongful conception y wrongful adoption. No obstante, ninguna de ellas, al parecer, se ajustaría a los hechos planteados.

A diferencia de lo sucedido en las acciones citadas, en las que la conducta del médico es la causa del daño, en el caso planteado es la madre quien ha irrogado los lamentables daños, que pueden ir desde defectos congénitos, bajo peso al nacer, nacimiento prematuroperímetro cefálico pequeño, síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) hasta problemas del desarrollo y la conducta del menor.

Así las cosas, considero que podría resultar viable una acción judicial por procreación irresponsable en contra de la madre. La topología de daños que podría invocarse sería del orden material e inmaterial. Dependiendo de la gravedad de los daños y si llegare a presentarse una condición médica que disminuya la capacidad laboral futura del bebé, podría pensarse en un la concreción de un lucro cesante futuro. En materia de daño emergente, se deberá establecer los gastos futuros que sus acudientes y, en algún momento, el menor tendrán que asumir a consecuencia de la adicción.

En punto de los daños inmateriales, evidentemente se podrá plantear la viabilidad en el reconocimiento de un daño a la salud y del daño moral. Respecto al primero, la reparación deberá otorgarse solamente al menor por ser el único titular. La extensión del mismo, puede incluir no sólo las condiciones orgánicas que puedan ser generadas por la adicción, sino también las afectaciones psicológicas derivadas de la acción.  Frente a la segunda clase de daños inmateriales, adicional al menor, se encontrarían legitimados para solicitar reparación el padre, los hermanos (si existen), los abuelos y, en general, cualquier persona que demuestre una relación de afección con el menor.

En materia probatoria, el daño a salud deberá ser probado de manera médica, al paso que los daños morales, probablemente admitan una presunción de hombre, incluso hasta el grado de parentesco con los abuelos. Los demás sujetos que se consideraren perjudicados con los actos de la madre que no pertenezcan a familiares cercanos, deberán aportar plena prueba que acredite la afectación.

En suma, estamos en presencia de un caso cuyas consecuencias, lejos de mantenerse en un ámbito netamente familiar y extrajudicial, constituyen un presupuesto fáctico concreto para que, en el futuro, veamos fallos de posible condena en contra de una madre que generó adicción a su hijo en pleno periodo de gestación.