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En publicación No 352 del 6 al 19 de Agosto de 2012, Págs. 5 y 21, del periódico Ámbito Jurídico, los Abogados Penalistas, Jaime Camacho y Óscar Julián Guerrero, hicieron especial énfasis en el concepto de ultima ratio mediante el cual se quiere significar que el Derecho Penal debe ser, por regla general, la última herramienta jurídica para regular el comportamiento del hombre en sociedad, debido a que es el arma más violenta que el Estado tiene en contra de sus administrados. ¿Qué más violento que la restricción de la libertad?

Precisamente por esto traigo a colación, nuevamente, el tema, ya que pareciere que el mensaje no ha quedado lo suficientemente claro a oídos de los hacedores de leyes y de la sociedad en general. En este sentido, habré de iniciar reiterando que existen otras ramas del Derecho, menos peligrosas, que pueden, y en realidad deben, acudir como primera fuente a la regulación de los asociados. Ramas del derecho que, por sus características, pueden resultar mucho más efectivas y a la vez mucho menos invasivas y violentas, por cuanto implican, por ejemplo, la destitución de cargos, la suspensión de licencias, la imposición de multas, entre otras consecuencias, que persuaden al colectivo de no volver a incurrir en tal actuación.

A su turno, con el fin de corregir la violación de otros bienes jurídicos, que por demás, son esenciales para el desarrollo de una sociedad (derecho a la vida, a la libertad, etc.), se estableció la presencia de un derecho represivo y mucho más violento que, incluso hoy, no ha logrado encontrar un sustento jurídico válido para su aplicación: el Derecho Penal. Por lo tanto y debido a su agresividad, éste debe ser utilizado única y exclusivamente para situaciones que realmente perturben el buen vivir de la comunidad (homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, entre otras) y no para regular, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones dinerarias o de tránsito.

A pesar de lo anterior, los legisladores nacionales, y en general la sociedad colombiana, ha adoptado la percepción de que el Derecho Penal no sólo es el arma más efectiva para los males de nuestra sociedad, sino la primera en la lista para ser usada ante casi, cualquier situación. Concepción que además de ser totalmente errada, ha volcado sobre los hombros de esta rama la gran responsabilidad de mejorar la habitabilidad en nuestro país. Para explicarlo en términos prácticos, esto implica tanto como delegar las funciones asignadas a tres personas distintas en una sola; lo que traería como consecuencia, justamente, el fenómeno que vivimos hoy en día: lentitud en la resolución de los procesos y por tanto unas tasas dramáticamente elevadas de impunidad.

Dicho de otra forma, pretender que esta rama asuma la carga jurídica de una labor, que por regla general, le corresponde a otras áreas, implica poner en jaque el sistema judicial por cuanto, por un lado: a) torna en ineficiente un instrumento por razones no imputables a este y por otro b) contraría el postulado de ultima ratio propia del derecho penal.

No obstante la anterior problemática, la aplicación de este derecho genera aun más inconvenientes. Suponiendo que la conducta que se quiere tipificar como delito es de aquellas que vulnera un bien jurídico vital para el buen desarrollo de la convivencia en sociedad y que las demás áreas del derecho son insuficientes, no basta con que este acto quede incluido en la normatividad penal o que se incremente su pena.

Esto es así, por cuanto el delincuente no anda con el Código Penal en la maleta investigando cuál delito tiene menos consecuencias o cuál de ellos presenta, en el plano jurídico, mayores beneficios. De hecho, al delincuente le tiene sin cuidado la norma; lo que llama su atención, y bastante, son los medios que se usen para hacer efectiva esa prohibición. Es decir, al victimario no le inquieta cuál es la pena y su cantidad en años, sino la debilidad o fortaleza del sistema de investigación y persecución criminal que permita la aplicación de esta.

Para una comprensión correcta al respecto, es necesario entender que el Derecho,  por sí sólo, es insuficiente para lograr estos cometidos y por ende resulta necesaria la integración de otras tantas disciplinas (filosofía, antropología, sociología, criminología, economía, etc.), que le permitan lograr un desarrollo medianamente efectivo al momento de ser aplicado. Por esto, considerar la modificación del Código Penal, aumentando penas o tipificando conductas, cómo actuación suficiente, es un error craso que en poco tiempo terminará por colapsar el sistema.

En esta medida, volcarse a las calles en protestas por violaciones y muerte a mujeres o a niños, sin el uso de otras herramientas, es pueril. A estos esfuerzos, habrá que añadir una considerable inversión económica reflejada en un mayor número de personas encargadas de la investigación y persecución de delitos (policía y fiscales), en avances técnicos y tecnológicos para estos fines, en personal capacitado para el juzgamiento de los delitos (jueces), así como en estructura física donde se pueda llevar a cabo la actividad judicial. Incrementar una pena sin los aditamentos señalados anteriormente es, literalmente, desgastar el patrimonio público sin sentido. En otras palabras, para lograr una reducción en la tasa de delincuencia es primordial contar con la ayuda de otras disciplinas sin las cuales el Derecho Penal se torna inocuo en las calles: tratar de imponer una pena de treinta años a un asesino, contando con un número casi nulo de fuerza pública, sin laboratorios forenses de alta tecnología, sin un número suficiente de fiscales que puedan prestar mayor atención a sus casos (y no que lleguen a estudiar el expediente en el desarrollo de la audiencia) y sin un número razonable de jueces que atiendan las causas, genera impunidad.

Por este motivo, el incremento de los valores de los comparendos por conducir en estado de embriaguez, sin la instalación de cámaras o de policías de tránsito que vigilen el cumplimiento de estas normas, no tiene impacto alguno en la conciencia de la sociedad. Por esta misma razón, tampoco funcionará la implementación de la cadena perpetua para violadores o para los políticos corruptos o cualquier otro caso que tenga relevancia social y que se pretenda resolver a punta de valeriana “penal”.

En conclusión, estas breves líneas lo que dejan entrever es: a) la debilidad manifiesta que padecen las demás áreas del derecho que cuentan con la facultad sancionadora y que son las llamadas, en principio, a encaminar la mayoría de conductas que se pretende tipificar, y b) la ineficiencia de las demás estructuras que deben soportar el correcto funcionamiento del Derecho Penal y que no lo logran en razón a la falta de inversión del Estado. Por esto, en vez de desgastar tinta y recursos del fisco atacando las consecuencias, se debería atacar la raíz de la problemática. ¡Basta de POPULISMO PUNITIVO!