Etiquetas

, , , ,

CASO CASSEZ: UN REFLEJO DE LA JUSTICIA LATINOAMERICANA

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de México dejó en libertad a la ciudadana francesa Marie Lousie Cassez Crepin condenada en el 2007 a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas, tras conceder un recurso de amparo en el que se concluyó que en el desarrollo del proceso penal iniciado en su contra se violaron derechos fundamentales tales como los de presunción de inocencia y el debido proceso. Según los Magistrados de la Suprema Corte, fueron varios los errores cometidos por la justicia mexicana. En primer lugar, el operativo de captura mediante el cual se detuvo a la ciudadana francesa, y el cual quedó registrado en video, fue un montaje hecho por la Policía; en segundo lugar, los testimonios oídos en juicio, prestados por las supuestas víctimas del secuestro, fueron construidos por el Ministerio Público (Fiscalía) y en tercer lugar, el hecho de no haber notificado al consulado o embajada francesa su detención de manera inmediata.

Por supuesto que el descontento de los mexicanos no se hizo esperar y enseguida tanto ciudadanos, como periodistas demostraron su repulsión por la decisión. Pero, ¿en realidad fue una decisión errada? Sin conocer los pormenores jurídicos que encierran la decisión en comento y desconociendo ampliamente la legislación penal mexicana, es claro que, cuando en el desarrollo de cualquier proceso penal, sin importar las calidades del sujeto investigado, se violan derechos fundamentales como el del debido proceso se deberá proceder a la declaración de la nulidad de lo actuado hasta el momento y a la respectiva liberación del imputado, si fue capturado.

Esto, sucede no sólo en México y Colombia; sucede en cualquier país del mundo que base su modelo de Estado y legislación en el respeto de la libertad e igualdad del ser humano. Evidentemente, ésta clase de decisiones son bastante sensibles ante la sociedad por cuanto implican la puesta en libertad de un delincuente sin razón aparente. Sin embargo, es menester entender que todos ostentamos derechos que deben ser respetados por las autoridades en el entendido que los procedimientos de investigación, juzgamiento y sanción deben crearse y ejecutarse en el marco del respeto de los mismos.

Esta afirmación no es aplicable únicamente a los ciudadanos del común, sino a todos aquellos que están involucrados en un proceso penal. Por lo tanto, poco importa si el liberado es un violador o un ladrón de bagatela; basta con que aquel sea persona para que se activen sus derechos. De hecho, dicha diferenciación está proscrita tanto por las Constituciones Latinoamericanas, como por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 13 C.P colombiana y numeral 2 del artículo 8 de la convención).

Ahora bien, como en todo problema, lo importante es remitirse a sus causas para evitar caer en el grave error de juzgar socialmente a priori al funcionario que toma la decisión. Como ya se dijo, las razones fueron la violación al debido proceso y al derecho de presunción de inocencia. Pero, ¿qué generó dichas violaciones?, ¿la actuación de los jueces que otorgaron la libertad a Cassez o la errónea actuación tanto de la Policía, como del Ministerio Público (Fiscalía)? La respuesta salta a la vista. Es decir, resulta claro que la falta de capacitación, por parte de la Policía, en materia de Derechos Humanos y la mentalidad inquisitiva que persigue a los funcionarios del ente acusador fueron las causas de la presente violación.

Desafortunadamente, serán tales jueces quienes cargarán el estigma y el repudio social por las consecuencias de tal sentencia. Nadie se acordará que se  arribó a tal decisión por las equivocaciones de otros entes del Estado. Este escrito no trata de defender a los delincuentes que quedan libres a consecuencia de las equivocaciones estatales ni de atacar sin razón ni misericordia al Estado por sus crasos errores. Se trata de evidenciar los inconvenientes, de atacarlos de raíz y dar un pequeño argumento de justificación a favor de la decisión en comento.

Retomando el punto, claro es que las falencias del Estado fueron las que permitieron a la Suprema Corte de Justicia despachar favorablemente el recurso de amparo. Falencias que, a la postre, terminarán en una demanda internacional por las daños y perjuicios causados por el Estado. Entonces, no se nos haga raro que la señora Cassez Crepin demande al Estado mexicano por la privación injusta de su libertad.

Así, pues, actuaciones erróneas han sido el talón de Aquiles de los Estados Latinoamericanos. De ahí que en el gobierno de Santos se haya creado la Agencia Nacional de  Defensa Jurídica del Estado para defender de forma efectiva los intereses del mismo. Sin embargo, a mi juicio, están remediando sólo una parte del problema. El plan de contingencia frente a las cuantiosas y masivas demandas en contra del Estado no puede estar sustentado exclusivamente en la resolución del conflicto, sino también en la prevención del mismo. Dicho de otra forma, no es necesario esperar a la causación del daño para que se activen los medios de defensa del Estado.

La defensa de éste, debe empezar por la detección de las entidades estatales que más generan daños antijurídicos y proceder a la capacitación de su personal en dicha materia, con el fin de reducir al máximo su consumación. Lo anterior, respaldado por un musculo jurídico que permita la correcta defensa, en caso en que se presenten perjuicios derivados de la actuación estatal. Para el caso concreto, la Policía Judicial mexicana deberá capacitarse en materia de captura, allanamiento y demás procedimientos en el marco del respeto de los derechos del capturado (cuestión ya ordenada a Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes sentencias), para que en el futuro no vuelvan a suceder los mismos hechos.

Ahora bien, lo anterior trae una tensión gravísima entre los derechos de las víctimas y la obligación del Estado de perseguir el delito e iniciar su juzgamiento, toda vez que la errónea actuación de aquel puede cercenar el derecho de reparación del que son titulares las víctimas. Esto sería lo que podría suceder en el tan sonado caso Colmenares.

Que interesante sería el caso de una demanda en contra del Estado por el hecho de que una víctima no pudiera ver resarcido su daño en razón a una actuación ilegal del aquel.

Finalmente, de estas cortas líneas se pueden dar las siguientes conclusiones: a) en mi sentir y teniendo como base para esta opinión la lógica y las nomas de carácter internacional, dado mi desconocimiento total de la legislación mexicana, la decisión de la Suprema Corte de Justicia es acertada, b) toda decisión tomada con violación de las garantías fundamentales generará la nulidad de lo actuado, c) las actuaciones de los Estados Latinoamericanos se caracterizan por una falta de capacitación en su desarrollo y d) en ciertos, casos, dicha actuación errónea puede limitar el derecho de reparación de las víctimas.