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Más allá de las funciones que cumple el instituto de la Responsabilidad patrimonial, esto es, la indemnización de perjuicios y la prevención frente a la sociedad y en especial frente al agente infractor, ha revestido bastante importancia en los últimos meses el hecho de que el valor que acumulan las demandas contra el Estado es bastante superior al valor anual que el mismo

Estado tiene como presupuesto para permitir su funcionamiento. Esto, ha despertado la curiosidad en unos y generado insomnio en otros, especialmente en los funcionarios del Gobierno actual que, a través de sus Ministros, ha enviado mensajes bastante claros al respecto, insinuando, en pocas palabras, que el Consejo de Estado, órgano encargado de juzgar esta clase de pleitos judiciales, deberá ser más prudente en relación con sus condenas.

Al respecto, es inevitable señalar que las anteriores voces resultan ampliamente inadecuadas en un escenario en donde prevalece la independencia de poderes. Sin embargo, más allá de este planteamiento, es evidente que la forma mediante la cual se puede reducir la alarmante suma que podría perder el Estado en los estrados judiciales, por cuenta de su actuar errado, no debe, o al menos no debería, provenir de un llamado de atención con tintes políticos, sino de una alternativa de carácter judicial que morigere estos malos resultados. Para lograr lo anterior, resulta indispensable identificar cuáles son las verdaderas causas que han puesto en cuidados intensivos al fisco público. En este punto vale la pena analizar, desde una perspectiva funcional y pragmática, el concepto de falla del servicio junto con sus funciones, ya que este breve análisis podría: a) brindar luces sobre las causas de este fenómeno y b) corroborar que las salidas planteadas por el Gobierno, frente a la problemática en cuestión (buscar que el Consejo de Estado no condene de forma repetitiva al Estado), son impertinentes y atentarían contra los postulados de un Estado Social de Derecho, como lo es el Estado Colombiano.

En relación con la Falla del Servicio, concebida como el incumplimiento de los reglamentos establecidos para la correcta prestación del servicio por parte del Estado, habrá que decirse que ésta representa el Título Jurídico de Imputación (como lo llama el Consejo de Estado) o el Fundamento (como lo llaman otros) predilecto, mediante el cual se condena al Estado en más del 80% de las veces; lo que quiere decir, que el resto de casos son fallados bajo la concepción de Riesgo Excepcional o Daño Especial. Bajo esta óptica, resulta claro que la mayoría de condenas y demandas en contra de las diferentes entidades estatales tienen como causa el errado actuar de los funcionarios públicos. En este sentido, la falla del servicio tiene como función la de permitirle  al Gobierno establecer tanto las áreas más débiles en la prestación del servicio, como las razones de tales debilidades, para así poder implementar planes de mejoramiento en relación con estos. Dicho de otra forma, la Falla del Servicio actúa a manera de análisis de calidad en el cumplimiento de las funciones estatales.

Este último raciocinio reviste gran importancia por cuanto representa el eje central sobre el cual el Estado colombiano debe volcar sus esfuerzos para implementar distintas soluciones tendientes a contrarrestar el debilitamiento del peculio público.

Sin embargo, estos propósitos serán alcanzables, únicamente, en la medida en que los funcionarios públicos sean capacitados para que, en el desarrollo de sus funciones, minimicen al máximo los errores generadores de perjuicios que originan el derecho a ser indemnizado.

Por lo tanto, será de esta forma en que se logrará reducir, de forma lícita y constitucional, las condenas que tanto aquejan a los distintos Ministerios y a las entidades encargadas del presupuesto estatal. Realizarlo de forma política y no atacando el problema de raíz, generaría una salida abiertamente inconstitucional toda vez que si el Consejo de Estado deja de condenar a la Nación o la condena por un rubro inferior al valor del perjuicio, estaría contrariando, especialmente, el primer aparte del artículo 2° de la Constitucional Nacional que dispone lo siguiente “ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”. Asimismo, atentaría contra el principio de reparación integral del perjuicio consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Consiguientemente, no es posible trasladarle las consecuencias de la torpeza del Estado en la prestación de los servicios, a los administrados, sólo por un capricho político de los gobernantes.

Ahora bien, el número exagerado de demandas y de condenas tiene otra causa que repercute de forma directa en el incremento de este fenómeno: la pésima defensa del Estado en los estrados judiciales. Pésima defensa que no sólo se presenta a nivel nacional sino también ante instancias internacionales como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, el actual Gobierno se dio a la tarea de crear la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que entre otras funciones, tiene a su cargo el mejoramiento del desempeño del Estado en las instancias judiciales. Sin embargo, estos esfuerzos “tendrían” que suponer, no sólo la creación de una Agencia, sino la vinculación de abogados capacitados en la materia. Adicionalmente, en este punto el Gobierno tendrá que, además de vincular profesionales del derecho capacitados, también fomentar la cultura de uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Esto, en atención a que, desafortunadamente, los abogados defensores tienen un concepto muy distinto de “defensa judicial”, toda vez que lo asimilan a una sentencia absolutoria y descartan de plano la viabilidad de uno de estos mecanismos, aun cuando la falla del servicio resulta palpable en el proceso; mecanismo alternativo de solución de conflictos que, las más de las veces, reduce el valor a pagar, hasta en una cuarta parte de lo que se tasaría en una sentencia condenatoria.

En conclusión, la fórmula destinada a disminuir las condenas y demandas en contra de la Nación está compuesta por dos aristas, que deben ser puestas en funcionamiento de forma concomitante, a saber:

1)    Capacitación de los funcionarios públicos en relación con el desarrollo de sus funciones   y

2)    Correcta representación judicial.

De esta forma se protegerán las arcas del Estado y, lo más importante en un Estado social de derecho, se respetarán los derechos de los asociados.