Etiquetas

, , ,

El 12 de febrero del presente año salió publicado en este diario un artículo relacionado con la polémica generada en torno a un proyecto de ley que pretende presentar en la próxima legislatura el codirector del Partido de la U, Jaime Buenahora, mediante el cual procurará la reforma del artículo 90 de la Constitución Colombiana con el fin de disminuir el número de demandas y condenas en contra del Estado. Con gusto ahondaría en demasía en temas tan delicados como los son la Responsabilidad del Estado y el correspondiente desconocimiento de algunos de nuestros representantes y senadores en relación con estos temas (causa central del presente asunto). Sin embargo, por cuestiones de espacio, me centraré en unos cuantos aspectos teóricos y de gran utilidad que pueden permitir una crítica más o menos objetiva.

Con el fin de lograr lo anterior, traeré a colación el concepto consignado en el artículo en mención para, a partir de su contenido, esbozar tanto los elementos que permiten la configuración de la responsabilidad como las formas de defensa de ésta: “ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” De la lectura del artículo anterior y sin mucho esfuerzo saltan a la vista varios componentes: a) el artículo en mención es cláusula general de responsabilidad, es decir, se incluyen tanto los eventos de responsabilidad contractual como extracontractual, b) el Estado será encontrado responsable siempre y cuando haya un daño, el mismo sea atribuible a la acción u omisión de aquel y dicho daño sea antijurídico; y finalmente c) existirá el deber de recaudar el dinero pagado a título de condena si medió culpa grave o dolo por parte del agente estatal.

Ya desde los lineamientos expuestos por los hermanos Mazeaud respecto de la responsabilidad entre sujetos privados se había establecido que la obligación de reparar surge, únicamente, si en el juicio de responsabilidad se logran sustentar lo que en su momento se denominó daño, nexo causal y culpa o dolo; elementos que hoy en día corresponden al daño, imputación y fundamento. Es decir, los mismos tres elementos esbozados por la Carta Magna. El punto de ésta breve reflexión consiste en demostrar que el artículo en comento reúne a cabalidad los pilares teóricos ya mencionados. Por lo tanto, pensar que las condenas al Estado son producto del capricho de las víctimas, jueces o abogados litigantes es algo inaceptable.

Ahondando en argumentos, cabe recordar que la existencia de los tres componentes teóricos anteriormente esbozados está sujeta a una relación necesaria y eficiente entre ellos mismos, lo que significa que en ausencia de cualquiera de aquellos se desplomaría el juicio de responsabilidad. El anterior postulado, permite refrendar la afirmación según la cual aunque el daño es el primer componente en el escalafón de estudio, su presencia no es suficiente para asignar la obligación de responsabilidad en cabeza del Estado. No obstante la necesidad de concurrencia de tales elementos, el estudio de la responsabilidad cuenta con otros matices que hacen aún más compleja la estructuración de la responsabilidad: cumplir a cabalidad con las características de cada elemento.

Así las cosas, el daño deberá ser cierto y personal. Es decir, no debe existir duda alguna en cuanto a su existencia y, adicionalmente, la persona que pretenda reclamar su indemnización debe ser la titular del interés lícito que fue menoscabado.

En lo relacionado con la imputación, se deberá acreditar que la atribución jurídica que se pretende asignar es necesaria y eficiente. Dicho de otra manera, que la relación que existe entre autor y acción es forzosa y que dicha correspondencia, indefectiblemente, conduce al resultado analizado.

En cuanto al fundamento o título de imputación, es indispensable establecer que el resultado se produjo por la inobservancia de reglamentos (falla del servicio), por la concreción de un riesgo producto de una actividad peligrosa (riesgo excepcional) o por el rompimiento en la igualdad de las cargas públicas (daño especial). Por lo tanto, si la situación jurídico-fáctica no se estaciona en ninguno de éstos tres ámbitos, el daño, aun cuando corresponde a la lesión de un interés lícito, no se debe resarcir por cuanto el mismo no es antijurídico. Por el contrario, será antijurídico cuando además de reunirse todos los elementos y características, no hay una justificación para su producción. De ahí, que la responsabilidad se defina como la obligación de resarcir un daño injustificadamente causado.

Igualmente, la parte accionada puede alegar la existencia de alguna de las causas extrañas como son fuerza mayor/caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, con el fin de impedir la configuración del escalón de la imputación.

En conclusión, el Estado puede defenderse jurídicamente: a) atacando el elemento daño tanto en su existencia como en sus características. Esto es, argumentando o que el interés que se pretende reparar es ilícito o que la persona que incoa la acción no es la titular de tal derecho, b) atacando la configuración de la imputación mediante el análisis de las diferentes teorías de la causalidad para sustentar que la causa del daño no es atribuible al actuar de un agente estatal o, como ya se mencionó, invocando una de las causas extrañas para evitar dicha atribución o, finalmente, c) demostrando que el daño es jurídico por cuanto no se inobservó ningún reglamento, no se concretó el riesgo creado con la actividad peligrosa o no se quebrantó la igualdad de las cargas públicas, entre otros aspectos a revisar.

Por si fuera poco, el defensor estatal cuenta con la posibilidad de corroborar  el monto de la valoración del daño contrastando el mismo con la declaración de renta de las víctimas, tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley 58 de 1982.

Así las cosas, es evidente que los requisitos de configuración de la responsabilidad son, a su vez, los mismos mecanismos de defensa que se pueden emplear en un juicio. En otras palabras, de fallar alguno de los elementos previstos o de las características pertenecientes a cada escalón, la estrategia de defensa del Estado está más que clara.

Por esto, me cuesta trabajo entender cómo, luego de poseer una estructura tan rígida y exigente en lo atinente a la responsabilidad, se pretende reformar la cláusula general de responsabilidad estatal para volverla una cláusula de irresponsabilidad e inconstitucionalidad.

Una propuesta de esta clase sólo demuestra una total ignorancia en lo concerniente al tema de la responsabilidad patrimonial y un pensamiento antidemocrático, totalmente violatorio del principio de reparación integral.