Fundación: Una demanda más para el Estado.

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falla del servicio, Fundación, imputación, normas de transito

En esta ocasión, quisiera poner sobre la mesa un tema que por estos días tiene de luto al país y no me refiero, precisamente, al asunto de las elecciones presidenciales. Se trata de la tragedia sucedida en el Municipio de Fundación (Magdalena) en la que 32 niños perdieron la vida por cuenta de un desafortunado incidente.

Como era de esperarse, no falta quien comenzase a cavilar la posibilidad de una demanda en contra del Estado por una posible falla del servicio. El pasado 22 de mayo, el periódico Ámbito Jurídico informó acerca de los señalamientos realizados por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien anunció que les brindará asesoramiento legal a las familias de los menores de edad para la presentación de demandas, debido a que, en su sentir, hubo ausencia del Estado y agregó que “De nada sirve expedir leyes para el control de la velocidad, la actualización de los seguros obligatorios y demás normas de tránsito en ciudades, municipios y carreteras de la geografía nacional, si al final del día estas no se cumplen.”

No obstante, analizando el argumento, personalmente encuentro serías inconsistencias que darán al traste con las pretensiones de la demanda. El primer desatino que observo es tratar de edificar la imputación de daños en el incumplimiento de las normas de tránsito sin que las mismas guarden relación de causalidad con los hechos. Al respecto, se debe decir que los destinatarios de las normas de tránsito no son las entidades estatales, sino cualquier persona que transite por el territorio colombiano incluidos, por supuesto, los funcionarios públicos; individuos quienes, en realidad, son los llamados a observar dichas normas. Así pues, si éstos son los destinatarios de la norma serán, únicamente, éstos quienes, en últimas, podrían incumplirla y a quienes se les podría realizar alguna clase de reproche jurídico –que, para el caso concreto, serían el conductor del bus y, lejanamente, el cura- . Dicho de forma más simple, no se podrá concretar el incumplimiento de un deber si respecto del mismo no soy su titular.

A modo de ejemplo, manejar dentro del límite de velocidad permitido, utilizar el cinturón de seguridad o no adelantar en curva, serán acciones exigibles de parte de los conductores y no respecto de las entidades estatales.

En este sentido, no se podrá hallar responsable al Estado por el incumplimiento de tal obligación y así concretar la falla o falta del servicio, habida cuenta que, frente al argumento plantado por el defensor del pueblo, al Estado no le corresponde cumplir tales deberes y, por ende, no podría extenderse un reproche ante tal situación. Ahora bien, podrá haber responsabilidad del Estado si se demuestra que el incumplimiento en la obligación de hacer cumplir las leyes por parte de sus destinatarios guarda una relación directa con el daño.

En cuanto a la actualización de los seguros obligatorios, se debe decir que este hecho no se calificaría como la causa eficiente del daño, toda vez que mantener al día este requisito simplemente aseguraría la existencia de un negocio jurídico celebrado con miras a indemnizar los perjuicios causados en el desarrollo de la actividad de conducir, más no implicaría, per se, la correcta conducción de vehículos y, menos aún, la evitación en la causación de accidentes. Por lo tanto, tal razón sería un hecho que, en mi concepto, no resulta ser el generador del daño.

Ahora bien, de lo dicho por el señor Otálora se podría deducir también que la causal de imputación podría obedecer al hecho de que las autoridades de carreteras no llevaron a cabo su obligación de hacer cumplir las normas –deber que en efecto le corresponde- y que podrían configurar una omisión en cabeza del Estado. Empero, surgen muchas dudas que ponen en serios aprietos el elemento imputación; ¿debe entonces el Estado propender por la ubicación de policía de carretas en cada tramo para hacer cumplir las normas?, ¿es una obligación de resultado propender por el impedimiento en la causación de accidentes de tránsito por la existencia de policías de tránsito en las carreteras? En realidad, son preguntas respecto de las cuales las respuestas no conllevan al establecimiento de la causa determinante del daño.

De hecho, durante el proceso judicial podría evidenciarse la existencia de una falla del servicio, estableciéndose, por ejemplo, que no existen reductores de velocidad en la carretera (como lo exigen las leyes nacionales) o que la misma no se encuentra con la correcta iluminación. Sin embargo, el juez deberá verificar si tales falencias resultan ser la causa del daño, preguntándose si la presencia de tales elementos, ex ante, hubiera evitado la tragedia.

Recuérdese que puede existir una falla del servicio pero si la misma no resulta ser la consecuencia directa del daño, el juez deberá rechazar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, se aclara que con lo dicho no se está señalando que no existen daños. Sólo se está mencionando que, tal vez, los mismos no sean imputables al Estado.

http://www.larepublica.co/fundación-una-demanda-más-para-el-estado_127586

INNOVACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS

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crisis, disruptivo, innovación, irracional

Desatinadamente, en el inconsciente social existe la idea que el Derecho representa una carrera que genera un bueno posicionamiento social, en adición a una buena contraprestación económica. No obstante lo dicho y más allá del gran campo de acción que puede abarcar un abogado en su ejercicio (cuestión que es cierta), considero que la profesión ha entrado a un callejón cada vez más estrecho que exige del abogado mayor cualificación y preparación académica, a cambio de un sueldo cada vez más bajo. Esto, debido al incremento en el número de facultades que, constantemente, están graduando nuevos profesionales; cuestión que, como es lógico, genera mayor oferta en el mercado disminuyendo la posibilidad de un buen margen de ganancias en el negocio de la Abogacía.

Más allá del verdadero problema de fondo que ha permitido este incremento monumental de profesionales consistente en los escasos requisitos que el gobierno exige tanto para ejercer la carrera, como para crear una facultad de derecho –cuestión que no es menor y que merece una verdadera atención por parte del gremio y el gobierno-, estas líneas están encaminadas a “botar” un par de señales de humo a la comunidad jurídica para a encontrar una puerta ante tal brecha.

Como en toda crisis, no sólo local sino global, la llave que abre esta puerta no es otra que la “innovación”. Por el contrario, si seguimos haciendo lo mismo que hacen los demás o nos limitamos a mejorar aquello que hace la competencia, es decir, generando ideas progresivas – ideas que sólo mejoran los productos o servicios ya estatuidos dentro del portafolio de servicios- estaremos aportando más de lo que ha producido la crisis, sin salir de la brecha actual.

En consecuencia, ante la saturación del campo de la abogacía y la obligada crisis que esto conlleva, los que ya somos abogados deberemos buscar romper con el status quo que se ha impuesto a lo largo de los siglos ante una de las carreras más antiguas de la historia. Nada más propicio y llamativo para innovar que un campo sedentario y estático (desde el punto de vista de la práctica y no en cuanto a las áreas que regula) como lo es el Derecho.

Ahora bien, como ya se dijo, innovar no se trata de mejorar algo que ya existe –ideas progresivas-, sino de presentar al cliente algo que rompa el esquema, algo que, según la real academia española, “produce ruptura brusca” y entregue valor.

Entonces, ¿cómo se logra lo anterior? Si el pensamiento normal y del común se basa en un razonamiento lógico y de ahí se construyen las ideas e hipótesis normales, para innovar de forma disruptiva se deberá crear una hipótesis que, conscientemente, sea irracional.

Un ejemplo ilustrará mejor el ejercicio:
Hipótesis racional: ante el no funcionamiento de un celular, lo primero que nos preguntamos es ¿estará el dispositivo sin batería? En consecuencia, se carga el celular y se comprueba la hipótesis. De no resultar válida la solución, racionalmente, creamos otra hipótesis y la validamos de nuevo hasta hallar la solución lógica.

Hipótesis Irracional: ¿necesita un dispositivo móvil de batería para funcionar? Nótese, cómo, aunque pareciere un simple juego de palabras, el sentido de la pregunta cambia radicalmente y traslada la discusión a un campo que no es ni previsible ni lógico. En realidad, se trata de poner al revés lo que por años se ha hecho, supuestamente, “al derecho” y exagerar la idea para verla a una escala diferente a la que el común de la gente la ve.

Por lo tanto, los sistemas tradicionales de validación de las ideas, basados en aspectos lógicos, no podrían ser utilizados en la convalidación de la premisa disruptiva, ya que terminaría por convertir en común algo que no lo es. Por el contario, en esta construcción irracional aquello que está lógicamente mal termina siendo lo irracionalmente correcto y lucrativo.
Dicho pensamiento disruptivo, puede ser aplicado a cualquier campo del ejercicio laboral, desde la presentación o contestación de la demanda, hasta la forma en que se presentan los alegatos orales; y lo que es más importante, a la forma en que buscamos clientes.

En síntesis, este es un llamado a los abogados para que nos reinventemos y logremos así una verdadera distinción de la competencia. Ya no se trata más de tener una buena página de internet (que generalmente está llena de información innecesaria y aburrida), un logo bonito y un espacio arrendado. Esta crisis debe servir para quebrar lo que nunca se ha quebrado, mediante la generación consciente de ideas irracionales que alteren este mundo arcaico.

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