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En días pasados, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, dio a conocer los proyectos de ley próximos a ser presentados para su aprobación, con el fin de mejorar la situación actual de la justicia colombiana. Entre ellos, se encontraba la iniciativa de establecer la aprobación de un examen de Estado, previo a la obtención de la tarjeta profesional, como requisito indispensable para el ejercicio de la Abogacía.
Nada más adecuado para una carrera que, al igual que otras tantas, ha sufrido las consecuencias de la “prostitución”. En buena hora, se pretende radicar un proyecto con estas características, cuando en la capital del país existen alrededor de 21 facultades de Derecho, de las cuales pocas cuentan con certificación de calidad.
Al respecto, considero que son tres los grandes problemas que han generado el actual estado de cosas, en lo que al sistema educativo se refiere: la proliferación descontrolada de facultades de Derecho, las facilidades que éstas ofrecen para graduar a los estudiantes y el ejercicio no reglado e irresponsable de la profesión. En esta medida, el proyecto en mención sólo atacaría una de las causas descritas quedando sueltos los cabo correspondientes a las universidades de garaje y al ejercicio irresponsable de la profesión; cuestiones que no son de poca monta cuando del desempeño de la justicia se trata. Y es que este último punto es el que verdaderamente toca las fibras más sensibles de la sociedad.
Las causas descritas, han traído como consecuencia el hecho de contar con profesionales que litigan en todas las áreas sin restricción alguna, con licenciados desactualizados que aún siguen citando como fundamento de derecho códigos derogados y con abogados que se dedican a cobrar un adelanto para luego desaparecerse y no dejar rastro; fenómenos que se han convertido en el común denominador de nuestra profesión y, por ende, de la justicia.
Como si no fuere suficiente, con bastante frecuencia nos debemos topar en audiencias judiciales con profesionales que, con el fin de corregir su falta de conocimiento en Derecho, se ven abocados a acudir al pataleo judicial (poderes oficiosos del juez). Sin embargo, incluso este último recurso parecen desconocer, ya que, como contrapeso existe el principio de autorresponsabilidad de las partes que exige de los extremos del proceso la probanza respecto de las afirmaciones que realicen; carga probatoria que, bajo ninguna circunstancia, puede ser subsanada mediante el uso de las facultades oficiosas en cabeza del juez (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CP: RUTH STELLA CORREA PALACIO, 18 de marzo de 2010, Radicación número 17.047). Entre otras, porque nuestro sistema judicial es de carácter rogado.
Lo anterior y aun cuando pareciere un comentario aislado de la idea central del artículo, es el resultado de las deficiencias descritas: una educación sin calidad y poco regulada por parte del Estado deviene en la graduación continua de profesionales mediocres, lo que per se repercute en el desempeño de la justicia y, finalmente, en los derechos de los usuarios.
Ahora, como se trata no sólo de resaltar las grandes deficiencias, sino también de discutir acerca de soluciones, considero que a dicha iniciativa se deberían agregar las consistentes en regular fuertemente la apertura de facultades de Derecho, la exigencia frente a las ya existentes en la obtención de certificación de calidad para efectos de graduación de estudiantes, la restricción del ejercicio de la profesión para ciertas áreas y la renovación de la tarjeta profesional cada cierto tiempo, previa a la aprobación de un examen que corrobore la actualización del abogado en la legislación respectiva. El anterior engranaje, ejercería un filtro rotundo tanto en la calidad de la educación, como en el número de profesionales graduados; resultado que impactaría favorablemente esta parte del sistema judicial.
De hecho, el mejoramiento en este último punto (profesionales graduados) traería para los abogados, una consecuencia adicional de carácter económico reflejada en una mejoría en el salario u honorarios, habida cuenta que, en la actualidad, la oferta de licenciados en esta área está desbordando los límites que demanda el mercado.
No obstante lo dicho, las iniciativas del doctor Reyes y demás propuestas relacionadas deben corresponder a un consenso del país reflejadas en una política de Estado y no a una proposición de gobierno que desaparezcan cuando el gobernante de turne deje la silla. Sólo así se logrará un cambio significativo y duradero, tal como el que se logró en Finlandia.
http://www.larepublica.co/el-impacto-de-la-mala-educaci%C3%B3n-en-la-justicia_184276
