Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , ,

Antes que nada, debo enunciar las premisas que fundamentan mi opinión, las cuales resumo así:

Premisas generales:

  • El Estado colombiano es un Estado perezoso y corrupto, en el cual se juzga e investiga a conveniencia a las personas, en especial, a los funcionarios públicos dependiendo de los intereses del gobierno de turno.
  • En este contexto, el periodismo ha ocupado un lugar fundamental en la investigación de graves delitos que de no haber sido por la presión de los medios de comunicación, seguirían impunes y desconocidos por la sociedad.
  • Gracias a este protagonismo, la Fiscalía General de la Nación se limita a desarrollar sus funciones en la medida en que los hechos denunciados en los medios de comunicación tengan mayor o menor relevancia social y “sólo” con base en la información proporcionada por éstos.
  • Esta cadena de hechos, ha permitido que los medios de comunicación tengan tal influencia en la justicia que, en la actualidad, el juzgamiento de una persona inicia en este escenario y culmina en los estrados judiciales.
  • No obstante la importante función ejercida por los medios de comunicación, el poder adquirido por estos como consecuencia de la desidia y corrupción del Estado es de tal magnitud que los principios que gobiernan la investigación y juzgamiento de hechos con contenido delictual -entiéndase debido proceso, derecho de defensa, derecho a la no autoincriminación y, por sobre todo, la presunción de inocencia- desaparecen en un escenario mediático.
  • Colofón de lo anterior, los medios de comunicación violan derechos fundamentales de los ciudadanos y funcionarios públicos en pro de lograr justicia, al menos, formal.
  • Finalmente, señalar que desde un punto de vista estrictamente legal el contexto mediático no puede ni debe ser el escenario bajo el cual se investigan y juzgando hechos aparentemente delictuales.

Premisas específicas:

  • Estoy de acuerdo con la renuncia de Palomino, la cual se debió haber presentado desde el momento mismo de las denuncias.
  • Estoy de acuerdo en que los hechos denunciados en torno a la existencia de la comunidad del anillo son gravísimos y que deben ser investigados y juzgados por la autoridad competente lo antes posible.
  • Si el río suena piedras lleva, por lo que es muy probable que sí exista la “Comunidad del Anillo” pero estos actos no son el camino para demostrarlo.
  • No estoy de acuerdo con la publicación del vídeo, por cuanto lo demostrado con él no justifica la limitación dada al derecho a la intimidad.
  • Así como no es aceptable la publicación del vídeo, tampoco lo es la publicación de las fotos y conversaciones sostenidas por el ex defensor del pueblo Jorge Otálora.

OPINIÓN:

Aquellos que tenemos el hábito de escribir sabemos que, normalmente, la última parte de un artículo o columna resulta ser el título. Primero plasmamos nuestra opinión y, una vez condensada en el texto, surge, sin mucho esfuerzo, el título.

Sin embargo, esta es la primera vez, en los años que llevo expresando mi forma de ver las cosas, que el título del artículo es tan claro. En mi mente no había otro. Fue amor a primera vista: “Las travesuras de Vicky y de su equipo de periodistas periodistas”.

Siempre me pregunté por qué se hacían llamar de esa forma ¿Acaso la conjugación “equipo de periodistas” no era lo suficientemente entendible para la audiencia como para no caer en la redundancia? Al parecer no. Tal vez, para ellos, el oficio del periodismo a secas no es tan serio, por lo que les resultaba necesario reforzar el concepto repitiendo la palabra una vez más.

Retomando le punto, el simple título ya me indica la forma en que debía escribir. Con habitualidad suelo ser muy directo y preciso en lo que digo, pero la sensación que me despierta el título me lleva más a dirigir mi opinión a un estilo de sátira, con narración de cuento (ojalá lo logre) y usando un lenguaje bastante coloquial. De hecho, muy distinto al jurídico que uso a diario, por lo que pido disculpas a mis colegas si no encuentran un lenguaje a la altura de sus perfiles pero la finalidad es que cualquier persona entienda su contenido.

El centro de la opinión es si los medios de comunicación deben ser sede de investigación y juzgamiento de hechos aparentemente delictuales y, por ende, si el vídeo del señor Ferro y su amante Anyelo se debió haber publicado o no. ¿El punto de vista? Naturalmente el legal. Soy abogado. No obstante, aprovecharé el espacio para opinar sobre cosas banales relacionadas con el tema central.

Puede que te identifiques con ellas o puede que no. Simplemente toma lo que te sirva. Si de nada te sirven los dos primeros párrafos, no sigas leyendo porque perderás tu tiempo y es muy valioso. Sin más preámbulos:

Ay Vickysilla Vickysilla, tienes unas características en tu forma de hacer periodismo –tu actitud, tu posición frente a la notica, tu voz y hasta tus dichos con cambio de acentuación (la cosa política sigue moviendosé)[1] – que sólo tienes dos opciones: o la gente te odia o te ama. Contigo no hay términos medios. Y sí, te tuteo, porque aunque no me has dado el permiso, la ingenuidad de tus actos me llaman a la serenidad en mi lenguaje.

Parece que RCN tiene la gran capacidad de vincular personal con ese perfil. Basta recordar al “doctor” Dios Antonio Vélez y a la flaca Claudia Gurisatti. Por él conocí la palabra “filigrana” en relación con el fútbol y, por ella, las estrellas en el programa La Noche.

Para serte totalmente honesto, nunca me ha gustado tu forma de hacer periodismo, aunque debo reconocer que los medios de comunicación han logrado ganar grandes batallas que sin ellos hubieran sido imposibles de pensar y de las cuales tú has sido participe. Pero también entiendo que, en sus manos, tienen un cuarto poder que, si bien ha traído beneficios, resultan ser peor que la Fiscalía y Jueces juntos. Y ahí no sólo está la FM y su equipo de traviesos periodistas periodistas; también está Julito, la fiscal delgada ante los medios de comunicación Camila, Darío Arizmendi con su melodiosa voz y el resto de la pandilla.

Tras escuchar estas emisoras por un par de años, sinceramente prefiero rendir indagatoria ante la fiscalía o ser interrogado por un juez, que salir al aire en estos programas.

¡Pilas¡ si no eres de su gusto, olvídate del derecho de defensa, del debido proceso, de la posibilidad de no autoincriminación, de la decisión que tienes de guardar silencio ante las preguntas y, por sobre todo, de la presunción de inocencia a tu favor.

Recuerdo perfectamente aquella entrevista entre Vickysilla y el Director de la Aeronáutica Civil, señor Gustavo Lenis, en la que, por un lado, casi no deja hablar al pobre tipo y, por otro, saca las siguientes perlas negras: “pero cómo va a decir que no sabe si usted es el director de la Aeronáutica, entonces a quién le preguntamos? A mi mamá?” y remata su respetuosa entrevista diciendo “es que usted no puede salir con esa PAYASADA”´.

Después de este pequeño recorderis y del evidente traspié de la pequeña Lulú en relación con el video amoroso entre Charlie y Anyelo, me ratifico aún más en lo dicho. En un escenario judicial al menos en el papel -tendré el derecho a defenderme, a no autoincriminarme ni incriminar a mi familia, a guardar silencio y a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿Qué sucedería si al aire decido no contestar algún interrogante? Me juzgarán ante toda Colombia, arruinaran mi vida y lo peor de todo  es que podría resultar absuelto en el proceso judicial. He ahí la discusión.

¿Son los medios de comunicación el escenario adecuado para someter a análisis elementos probatorios, efectuar denuncias y emitir juicios de valor?

Como todo en Derecho la respuesta es: depende. ¿De qué? De la gestión de los órganos de investigación y control del delito y de la infracción. El conducto regular es poner las pruebas a disposición de la Fiscalía, permitir que ellos corroboren su veracidad y, a partir de la credibilidad y contundencia que pueda generar aquella prueba, iniciar una investigación formal. Este, queridos Julito, Darío, Camila y Vickysilla, es el deber ser.

Ahora, si efectivamente esta entidad tan respetable y transparente no se digna a investigar, considero justificada la divulgación de material probatorio previas varias consideraciones. En primer lugar, determinar el valor probatorio de los elementos aportados. ¿En realidad, probatoriamente hablando –no en el ego o imaginación del periodista-, el material aportado demuestra nuestra premisa? Este análisis no lo debe hacer un periodista. Lo debe hacer un abogado capacitado en el tema. ¿Acaso un periodista sabe qué es el estándar de prueba y cómo se supera en materia penal? Zapatero a tus zapatos. En el caso concreto, el vídeo, jurídicamente hablando, ni quita ni pone en la demostración de la existencia de la comunidad del anillo. Hoy en día, la brecha entre lo probado y lo que se debe probar para obtener una condena es la misma que existía antes del vídeo.

Sin embargo, la pechichona de la Vickysilla sigue insistiendo en que las pruebas se deben analizar en un contexto general (cuestión con la que estoy de acuerdo), ya que el material en conjunto sí demuestra, sin duda alguna, la existencia de la red de prostitución (conclusión con la que no estoy de acuerdo) ¿Por qué no estoy de acuerdo? Veamos: el tema a demostrar (hipótesis probatoria) es que altos funcionarios públicos como policías y congresistas “montaron” una red de prostitución masculina que tiene como fin promover ascensos a aquellos policías de inferior rango que estén dispuestos a satisfacer las necesidades o deseos sexuales de aquellos altos funcionarios. Para confirmar esta hipótesis se debe demostrar, mediante pruebas legalmente obtenidas: i) que altos funcionarios públicos promueven ascensos a cambio de favores sexuales  y ii) que  el consentimiento del policía en sostener encuentros amorosos está guiado por los beneficios de dicho ascenso.

Por su parte, el vídeo demuestra: dos funcionarios públicos en horario laboral, manifestándose cuánto desean explorarse el uno al otro, intercambiando datos de longitud y grosor y compartiendo anécdotas de tiempo atrás. La cuestión, es que en el mismo no se evidencia el sostenimiento de relaciones sexuales, ni mucho menos que hayan sido a cambio de favores sexuales de Anyelo hacia Charlie, ni hacia ningún otro funcionario.

Ahora bien, en el marco de la divulgación se dieron un sinnúmero de justificaciones que resultan, cuando menos, preocupantes y de las cuales vale la pena hacer un par de aclaraciones.

Existe una diferencia abismal entre Denuncia y Prueba. En este sentido, no se puede pretender darle el valor probatorio que la traviesa de Vickysilla y su equipo de periodistas al cuadrado desean otorgarle a las denuncias presentadas por las aparentes víctimas, ya que la denuncia, en esencia, es aquel  instrumento establecido por el legislador a través del cual una persona pone en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos que podrían llegar a tener contenido delictual. En otras palabras, es un vehículo de comunicación en el que cualquier persona le informa a la Fiscalía determinados hechos, los cuales requerirán de pruebas para su demostración y respectiva sanción. Por lo tanto, es un error decir que la denuncia es una prueba de lo denunciado, así como lo es afirmar que el texto de la demanda es prueba de lo demandado. De hecho, puede existir denuncia o demanda sin pruebas y el resultado será la no imposición de sanción o condena. Así pues, no se puede justificar tal violación a la intimidad de Ferro con la simple existencia de columnas de otros periodistas, así como denuncias que no han resultado en condenas.

Otra falacia que la pequeña Vicky ha divulgado en los medios de comunicación consiste en afirmar que la prueba del vídeo es válida –y en consecuencia demuestra la hipótesis-, por el simple hecho de que la víctima la aportó a la investigación iniciada por la Fiscalía y Procuraduría. Para que estemos claros: la validez o invalidez de la prueba no depende de quién la aporte, sino de en qué condiciones se obtuvo. Existen determinados requisitos en la obtención de pruebas que deben ser cumplidos, para que la misma sea válida: por sólo citar un ejemplo, en el caso de interceptación de llamadas debe existir autorización para tal fin, por lo que la invalidez o validez dependerá si la misma se obtuvo con o sin permiso de la autoridad competente. En estos términos, la prueba puede ser válida y aunque aportada por la víctima, tales características no concluyen en una condena para el denunciado.

Por si fuera poco, otro argumento de defensa de la periodista por la que muchos clamaron que hiciera un desnudo en la revista Soho[2], para mostrar sus curvas “moviendosé”, es señalar que existe justificación en la publicación del material, como quiera que el Procurador tendrá el video como prueba. A eso contesto: ¿y qué? ¿Acaso que monseñor tenga en cuenta una prueba en cuenta dentro de su proceso inquisitorio le permite a un grupo de personas violar el derecho a la intimidad de la forma en que se hizo? Probatoriamente hablando, mi estimada Vickysilla lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Además, que se diga que lo va a incorporar dentro del material a analizar no implica que al mismo se le vaya a otorgar la validez que tú y tus traviesillos pretenden darle.

Por citarte otro ejemplo: en un proceso judicial por incumplimiento de un contrato de compraventa de automotor yo puedo allegar un certificado de tradición y libertad de un inmueble cualquiera, el cual será incorporado, tenido en cuenta por el juez pero, a todas luces, no aportará un carajo en torno a la decisión sobre el incumplimiento del contrato. Para ser más explícito, pueden allegar todos los documentos que quieran al proceso, por cuanto todas las personas que se hagan parte dentro del mismo tienen el derecho a probar y a refutar las pruebas allegadas; sin embargo, eso derecho no implica, per se, que el material que yo aporte refleje lo que, efectivamente, se denuncia o demanda.  Así que, estimada periodista, no confundas gimnasia con magnesia.

Para culminar las infructuosas razones de la pequeña Lulú y en congruencia con lo anteriormente dicho, es de destacar que el hecho que sea la propia quien víctima aporte la prueba el mismo no indica que las situaciones denunciadas son necesariamente ciertas. Eso, lo determinará el juez. Es decir, el hecho que el curioso Anyelo se rotule como víctima y que sea él quien aporte el video no determina la culpabilidad de nadie. Faltaría más que el único requisito para privarte a ti lector, a alguien de tu familia o al mismo Charlie de la libertad sea que la propia víctima aporte la prueba.

Continuando con los criterios bajo los cuales se puede generar la divulgación de material probatorio por los medios de comunicación, se debe decir que la segunda medida a tomar es determinar si, en el caso concreto, se justifica la limitación del derecho a la intimidad en pro de la defensa de un interés general. Esto es, el objeto de protección debe ser de tal magnitud e importancia que se justifique la violación a la intimidad. A mayor gravedad mayor invasión del derecho. Éste, tal vez, es de los puntos más difíciles, por cuanto, en el camino, se presentan muchos distractores que nos pueden conducir a un resultado no deseado.

Según el artículo 15 de la Constitución Nacional, “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. Por supuesto, dicho derecho tiene un alcance mucho menor en tarándose de funcionarios públicos precisamente por la publicidad de su cargo y funciones. Máxime cuando los fines del Estado se cumplen a través de personas con esta investidura. No obstante, tal restricción no es ilimitada ni puede ser desmedida.

Y precisamente el criterio para limitar tal derecho deberá ser la protección del interés general. Pero, ¿cuál interés?

A mi juicio, el vídeo sólo demuestra: conversaciones de contenido sexual entre dos funcionarios públicos en horario laboral, “capando” trabajo y en uso de un vehículo del Estado. Y si esto es así entonces, la pregunta sería: ¿se justifica desvelar detalles de la vida íntima de un funcionario, con el fin de respetar y hacer respetar la institución por no cumplir el horario laboral y por hacer mal uso de un vehículo estatal? Es decir, ¿el día de mañana cualquier persona te puede agarrar con las manos en la masa teniendo relaciones sexuales con un compañer@ de trabajo en el lugar de trabajo y grabarte, para luego divulgar el video a toda la entidad simplemente porque debemos respetar la institución y porque el interés de todos está por encima del tuyo? La pregunta que nos debemos hacer es si son proporcionales las consecuencias de la lesión al derecho de la intimidad en contraste con los fines perseguidos, sabiendo que vídeo no demuestra la hipótesis planteada. Definitivamente no. Si la prueba es tan crucial como dice la pequeña Vicky, por favor que digan de una vez por todas quiénes son los cabecillas de la Comunidad, cuánto tiempo llevan cometiendo el delito, quiénes son las víctima, etc.

Ah, y por favor dejen de comparar el país del tío Sam con Colombia. Claramente si este suceso  hubiera sucedido en tierras americanas Dávila sería toda una heroína, sería la mujer maravilla. Sin embargo, los límites del derecho a la intimidad allá y acá son bien distintos, así como lo son con respecto al derecho a la vida. Para nadie es un secreto que una buena parte de celebrities gringas darían un billetal porque las dejaran vivir su vida sin tanto paparazzi. Entonces, no permitamos que la importación de un sistema penal acusatorio, de la moda y la forma de vivir americana nos confunda nuestros valores y fundamentos como sociedad. Ojo, no se trata de mojigatadas. Allá ni respetan la intimidad ni la vida, como ya dije. Sólo es cuestión de que recuerde un par de películas gringas en las que se le quita la vida al condenado en la silla eléctrica o mediante la inyección letal, para corroborar lo dicho.

Hubiera resultado más decoroso y mucho más respetuoso, dejar que sea la Fiscalía quien le dé el valor probatorio que el vídeo merece y no un equipo de periodistas periodistas que no tienen ni idea del tema ¿Quiénes son ustedes para definir los límites de la intimidad de alguien?

Y es que no se trata de Charlie. Él simplemente fue el primer pendejo que cayó. El tema es que, de no ser por el desagrado del país frente al tema, la traviesa de Vickysilla hubiera dejado una puerta inmensamente abierta para la violación de derechos. Se trata de que tu hijo, el día de mañana, puede ser víctima de la publicación de un vídeo en el que se besa con un compañero del mismo sexo sólo porque se debe preservar el interés general en un colegio católico, por ejemplo.

Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con el equipo de periodistas al cuadrado. La sociedad colombiana es totalmente doble moralista. Como solía decir Jaime Garzón, el colombiano se indigna por escuchar la palabra “hijueputa”, pero no por el robo de los dineros de la salud, de la educación, etc. Hace unos días nadie se “espelucó” por la publicación de las fotos del señor Otálora en los medios de comunicación, aunque todos sacaban sus conclusiones en las calles. Pero resulta que sí se escandalizan por la publicación del vídeo de Charlie y Anyelo. Pareciere que el contenido homosexual generó el repudio social y convirtió a Vickysilla en la mala del paseo, suerte que no corrió Jaimito.

Pero así no hayamos tenido la misma reacción en el caso del ex defensor del pueblo, lo cierto es que la preocupación es la misma ¿Por qué debe exponerse material probatorio en los medios de comunicación y no ante las respectivas autoridades?

Esa clase de periodismo no sólo es amarillista, sino poco profesional. El derecho a la información, tan invocado por el periodismo, no puede anular de un microfonazo el artículo 29 de la Constitución Política[3]. No es del caso repetir los ejemplos dados al principio, ni recordar las entrevistas=juicios que hacen nuestros elocuentes periodistas, pero si vale la pena levantar la voz para que se censure esta clase de actuaciones.

Por consiguiente, lo que se debe reprobar –y lo que repruebo en esta columna-, no es si Otálora se destapó con su sexy secretaria o si Ferro busca el placer en la variedad de género, sino si debe permitir que los medios de comunicación publiquen y valoren material de contenido privado y, adicionalmente, tengan el poder de juzgar ante el país a una persona sin antes ser escuchado y vencido ante un juez de la República.

En conclusión, el uso de los medios de comunicación con fines judiciales sólo podrá justificarse en la medida en que se refleje desidia, corrupción o complicidad de los entes de investigación y control en el ejercicio de sus funciones y mediando una valoración BLANCANIEVESprobatoria, por parte de un abogado, en la que se determine que la gravedad de los hechos aparentemente demostrados con el material publicado es de tal magnitud, que se justifica limitar el derecho a la intimidad de una persona, por más funcionario público que sea.

Así, los demás periodistas se evitan que les saquen la lengua como lo hizo RCN con la traviesa Vickysilla.

[1] Eres muy innovadora al cambiar la acentuación de las palabras. Cambiaste la tilde de la palabra “Moviéndose” a la letra final E, lo cual suena hermoso en tu tono de voz.

[2] Reconozco que tiene su encanto físico.

[3] ARTICULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.