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En términos generales, el Estado está constituido como un garante de los colombianos y sus fines los cumple ya sea por sus propios medios o a través de particulares. En este último evento, el Estado contrata a los particulares para prestar los servicios que están a su cargo como pueden ser la construcción de vías, la prestación de servicios de salud y la recolección de basuras, entre otros.

Ya que se trata del cumplimiento de fines del Estado y los recursos con los que se cancelan los contratos firmados son públicos, esta área del Derecho tiene un régimen normativo especial que regula desde la selección de los posibles contratistas hasta la terminación del contrato.

Por supuesto, tanto antes y durante como después del contrato se pueden presentar eventos ya sea de incumplimiento del contrato pactado, como de los requisitos previos a este que pueden generar daños y perjuicios.

Llegado este punto, lo primero que se debe analizar es si el contrato es válido, para luego determinar si lo que se alega como incumplimiento efectivamente lo es, si están probados los daños y perjuicios y quién los debe indemnizar.

El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;