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JUEZ

En realidad, el término “Acto Administrativo” hace referencia al nombre genérico y “Resolución” es una clase de acto administrativo. Así, éste último, sin importar su clasificación, corresponde a una manifestación de voluntad expresada por la Administración Pública en forma verbal o escrita que puede generar efectos generales o particulares.

Dicho de otro modo, el acto administrativo es el vehículo mediante el cual el Estado emite sus voluntad.

En este sentido, existen actos administrativos generales y particulares. Los primeros están dirigidos a un número indeterminado de personas y generar efectos generales, mientras que los segundos están dirigidos a personas determinadas  y producen situaciones y crean efectos individualmente considerados.

Respecto a las mecanismos judiciales de defensa frente a estas manifestaciones de voluntad, cada una de ellas cuenta con su propia acción y cada acción con sus características especiales.

Así, la acción destinada a demandar un acto administrativo de carácter general no tiene un término mínimo, por lo que se puede presentar en cualquier momento. Por el contrario, la acción que se inicia para demandar un acto administrativo particular sí tiene un término máximo que es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso. Por lo tanto, no habrá defensa en aquellos casos en que este término se supere.

En la demanda que se presente en contra del acto administrativo también se puede solicitar la reparación de daños y perjuicios causados.

Adicionalmente, es necesario interponer los recursos que brinda la ley en contra de dicho acto y que resulten obligatorios, en razón a que es un requisito indispensable para presentar la demanda.

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