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Según información dada por los medios de comunicación, el pasado viernes 30 de diciembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de favorecimiento en contra de Francisco y Catalina, hermanos de Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la menor Yuliana Samboní, por, presuntamente,  tener conocimiento de los delitos cometidos por su familiar y entorpecer la investigación y persecución que estaban adelantando las autoridades. 
A su turno, el martes 3 de enero de 2017 el juez 68 penal con funciones de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento restrictiva, para salir de Colombia.

Ante este nuevo panorama procesal, muchos se estarán preguntando si ellos también deberían responder penal y económicamente por el crimen de Yuliana. 

Lo primero que hay que decir, es que los delitos cometidos por Rafael, y por Francisco y Catalina son bastante distintos. Mientras que el primero está sindicado de secuestrar a la menor, accederla carnalmente y, de forma posterior, quitarle la vida, los hermanos serán imputados por una modalidad de encubrimiento del delito llamada favorecimiento, consistente en ayudar a eludir la acción de la autoridad o entorpecer la investigación de las conductas realizadas por Rafael, la cual acarrea una pena de uno a cuatro años de prisión. 

En términos prácticos, el delito que se les imputará a los hermanos no podría existir si Rafael no hubiera cometido las conductas reprochables, ya que es un delito accesorio a otro principal. 

Así, lo que determinará que alguien deba ser responsable por la indemnización de los perjuicios a favor de la familia Samboní, es su participación en los crímenes iniciales y no en los que se cometieron de forma posterior.

¿Por qué? Porque la obligación de indemnizar los perjuicios causados debe tener como requisito indispensable una conexión entre la acción o la omisión de los hermanos y el secuestro, la violación y la muerte de Yuliana. 

Por lo tanto, si se eliminaran de la ecuación las acciones supuestamente realizadas por Francisco y Catalina, los delitos contra la menor igualmente se hubieran cometido, por parte de Rafael. Visto lo anterior, es evidente que no existe conexión entre los perjuicios causados a la familia Samboní generados por las acciones de Rafael y la conducta investigada de los hermanos Uribe Noguera. En consecuencia, la respuesta al interrogante planteado es no. 

En principio, la única forma en que los hermanos deban responder económicamente es que sus actos generen nuevos perjuicios independientes y autónomos de los causados por Rafael y que aquellos tengan conexidad con el delito de favorecimiento. Podría pensarse en un posible daño moral por la agonía sufrida por los familiares de la familia Samboní, vinculado al hecho de que Francisco y Catalina dilataran injustificadamente el conocimiento de la verdad de los hechos. 

Ahora bien, otra incógnita frecuente en este caso es si la familia, en especial los padres, estarían en la obligación de aportar dinero para la indemnización de la familia Samboní, por el sólo hecho de ser los padres y tener dinero.

Infortunadamente la respuesta también es negativa. Sin conocer las pruebas del caso, se podría decir que no existe vínculo entre la conducta de los padres y los delitos cometidos por su hijo.  

Lo anterior, en el entendido de que la responsabilidad penal y, en principio, la responsabilidad patrimonial (obligación de indemnizar) derivada de conductas punibles son personales e individuales, exigibles únicamente al delincuente. 

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