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PIRRY y otros periodistas han puesto de presente la falta de apoyo económico que han recibido las víctimas del atentado terrorista del 17 de junio pasado, en las instalaciones del Centro Comercial Andino, en la ciudad de Bogotá, por lo que vale la pena explicar quién o quiénes deberán indemnizar los daños causados a los afectados.

De entrada, la respuesta, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial (económica), es: “los terroristas”. Sin embargo, esto es algo que deja “desinfladas” a las víctimas. Por un lado, porque la viabilidad de la indemnización a su favor depende de la capacidad económica de los “bandidos”, y, de otro, porque, seguramente, lo último que querrán es acudir a un juicio y echarse de enemigos a sus victimarios, para resultar revictimizados.

Frente a la capacidad de pago de los “bandidos”, la mayoría de capturados son personas jóvenes que, difícilmente, cuentan con un capital importante para responder económicamente por sus actos. Y esto, por desgracia, es determinante en los asuntos indemnizatorios, ya que las probabilidades de obtener el pago de los perjuicios, son directamente proporcionales a la capacidad de pago de los victimarios.

“Ah pero es que ellos hacen parte de una estructura criminal que sí tiene plata para pagar”, podrían decir algunos, y esto puede ser cierto. No obstante, deberían entonces, embargarse dineros y/o bienes pertenecientes a ese grupo, para destinarlos a la reparación de los daños. Cuestión poco probable.

¿A quién más le podríamos echar “el pato”, para que indemnice a las víctimas? En la fila, seguirían la persona jurídica del centro comercial Andino, la compañía de seguridad que le presta sus servicios a éste y el Estado.

Frente a lo que pudiera suceder con el centro comercial en materia jurídica, con absoluta certeza, éste argumentará que la empresa de seguridad contratada por aquel es la llamada a responder económicamente por los daños. Estrategia que tiene razón de ser, ya que las obligaciones de vigilancia y seguridad habían sido trasladadas por el centro comercial a la empresa de seguridad, en virtud de un contrato firmado entre ellos.

En consecuencia, el centro comercial podría tener una excusa jurídicamente válida, para resultar absuelto en un juicio de responsabilidad patrimonial o, en caso de resultar condenado, un motivo para que la indemnización no salga de su bolsillo, sino del bolsillo de la empresa de seguridad.

En lo que a ésta última se refiere, es vital determinar cuáles eran las obligaciones de seguridad que le eran exigibles momentos antes de los hechos.

Concretizando esta inquietud en una pregunta, debemos indagar ¿al día 17 de junio, momentos antes de la ocurrencia del atentado, le era exigible a la empresa de seguridad revisar todos los paquetes con los que ingresan las personas a las instalaciones del centro comercial, instalar algún tipo de detector en las entradas del sitio o ubicar perros antiexplosivos ? La respuesta va a depender de si este tipo de actos eran previsibles o no.

Para determinar lo anterior, se debe verificar, entre otros aspectos, si en un pasado reciente el centro comercial había sido objeto de atentados o intentos de esta índole, si otros centros comerciales recientemente han sufrido este tipo de actos, si el sector de la zona rosa ha sido objeto de estos hechos o de amenazas similares o si la modalidad usada para plantar la bomba era o debía ser conocida por la empresa de seguridad, sólo por citar un par de preguntas.

En general, nos debemos preguntar si, objetivamente y sin pasiones que nublen el análisis, existían motivos previos al hecho que permitieran a la empresa de seguridad y al centro comercial representarse la posibilidad de que este atentando se pudiese presentar. Si la respuesta es sí, es posible que la responsabilidad económica de esta empresa se vea comprometida y se vea en la obligación de resarcir a las víctimas. Si la respuesta es no, podrían alegar en juicio que lo sucedido es atribuible únicamente al hecho de un tercero, entendido como los terroristas cuya acción les fue imprevisible.

Ahora bien, según lo revelado en las redes sociales, mujeres advirtieron la presencia de un hombre en el baño femenino, hecho que sí podría complicar la situación de la empresa, ya que si esa situación fue puesta en conocimiento de los guardias de seguridad y éstos no tomaron cartas en el asunto de forma apresurada, esto denota algún tipo de negligencia reprochable a la empresa. Sin embargo, no bastaría sólo con esta negligencia, para concluir que la empresa de seguridad es responsable.

Adicional, debemos demostrar que esa omisión es la causa eficiente del daño, es decir, que de haberse actuado de forma rápida por parte del cuerpo de vigilancia, la bomba probablemente no habría explotado.

Y para esto, debemos preguntarnos si las mujeres que vieron al hombre sólo informaron de su presencia en el baño incorrecto o si, además, vieron actividades sospechosas.

Partamos de la base de que la sola presencia de un hombre en un baño de mujeres es inusual y levanta sospecha, pero la pregunta es ¿qué tipo de sospecha? ¿Levanta sospecha de un atentado terrorista? O ¿podríamos decir que la sospecha se direcciona más bien, a considerar que estamos en presencia de un posible pervertido? Saber este es relevante, por cuanto la misma va a determinar si, en caso de que los guardas de seguridad hubiesen acudido oportunamente al baño, estaban en la obligación de realizar una revisión exhaustiva de esas instalaciones y, de esa forma, hallar la bomba.

Dicho en forma sencilla, teniendo presente que antes de los hechos no contábamos con atentados terroristas en la historia reciente de este centro comercial ni con la presencia de hombres en las baños de mujeres, con el fin alojar bombas, ¿es razonablemente lógico y coherente concluir que el hombre hallado por las mujeres, probablemente, estaba instalando una bomba y que, por consiguiente, les era exigible a los guardas de seguridad revisar el baño exhaustivamente?

Pareciere que la respuesta es negativa. En este contexto, hay pocas chanches de que la empresa de seguridad resulte condenada, no sin antes aclarar que estas son simples aproximaciones con datos inexactos.

Finalmente, considero que el papá Estado no tiene ninguna culpa en el presente caso: la bomba no explotó en instalaciones públicas, el atentado terrorista no estaba dirigido a alguna entidad del Estado, la bomba no fue plantada por uno de sus agentes, los materiales con que se creó la bomba no son de propiedad del Estado y si bien él debe procurar por la protección de los ciudadanos, lo cierto es que, hasta el momento, este atentado también le podría resultar imprevisible, razón que impediría que fuera responsable económicamente por los daños causados.

En conclusión, hasta el día de hoy, los únicos que están en la obligación de indemnizar los daños son los terroristas.

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