Daños Causados Por Actos Administrativos o Resoluciones

Etiquetas

, , ,

JUEZ

En realidad, el término “Acto Administrativo” hace referencia al nombre genérico y “Resolución” es una clase de acto administrativo. Así, éste último, sin importar su clasificación, corresponde a una manifestación de voluntad expresada por la Administración Pública en forma verbal o escrita que puede generar efectos generales o particulares.

Dicho de otro modo, el acto administrativo es el vehículo mediante el cual el Estado emite sus voluntad.

En este sentido, existen actos administrativos generales y particulares. Los primeros están dirigidos a un número indeterminado de personas y generar efectos generales, mientras que los segundos están dirigidos a personas determinadas  y producen situaciones y crean efectos individualmente considerados.

Respecto a las mecanismos judiciales de defensa frente a estas manifestaciones de voluntad, cada una de ellas cuenta con su propia acción y cada acción con sus características especiales.

Así, la acción destinada a demandar un acto administrativo de carácter general no tiene un término mínimo, por lo que se puede presentar en cualquier momento. Por el contrario, la acción que se inicia para demandar un acto administrativo particular sí tiene un término máximo que es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso. Por lo tanto, no habrá defensa en aquellos casos en que este término se supere.

En la demanda que se presente en contra del acto administrativo también se puede solicitar la reparación de daños y perjuicios causados.

Adicionalmente, es necesario interponer los recursos que brinda la ley en contra de dicho acto y que resulten obligatorios, en razón a que es un requisito indispensable para presentar la demanda.

Daños Causados Por Incumplimiento De Contratos

Etiquetas

, ,

wp-1457313907037.jpeg

En términos generales, el Estado está constituido como un garante de los colombianos y sus fines los cumple ya sea por sus propios medios o a través de particulares. En este último evento, el Estado contrata a los particulares para prestar los servicios que están a su cargo como pueden ser la construcción de vías, la prestación de servicios de salud y la recolección de basuras, entre otros.

Ya que se trata del cumplimiento de fines del Estado y los recursos con los que se cancelan los contratos firmados son públicos, esta área del Derecho tiene un régimen normativo especial que regula desde la selección de los posibles contratistas hasta la terminación del contrato.

Por supuesto, tanto antes y durante como después del contrato se pueden presentar eventos ya sea de incumplimiento del contrato pactado, como de los requisitos previos a este que pueden generar daños y perjuicios.

Llegado este punto, lo primero que se debe analizar es si el contrato es válido, para luego determinar si lo que se alega como incumplimiento efectivamente lo es, si están probados los daños y perjuicios y quién los debe indemnizar.

El término para presentar la demanda de controversias contractuales es de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;

Responsabilidad Civil Por Bebés Adictos A La Droga

Etiquetas

, , , , ,

wp-1466598568533.jpegEn meses pasados fuimos testigos de un turbador vídeo en el que un bebé sufría de episodios de reacción muscular continua generados por su dependencia a las drogas, como consecuencia del consumo de las mismas por parte de la madre en el periodo de gestación.

La patología se denomina síndrome de abstinencia neonatal y se puede presentar por el consumo  de drogas como la heroína, la codeína, la oxicodona (Oxycontin), la metadona o la buprenorfina en dicho periodo.

Tal reacción se presenta cuando, una vez las sustancias descritas atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero, éstas dejan de ser proveídas al bebé.

Más allá de la lamentable situación del bebé –la cual no se desconoce-, el caso descrito plantea un escenario en demasía interesante a la luz de la disciplina de la responsabilidad patrimonial.

En casos ligeramente similares, las personas afectadas con la conducta del causante del daño han hecho uso de las acciones de wrongful birth, wrongful life, wrongful conception y wrongful adoption. No obstante, ninguna de ellas, al parecer, se ajustaría a los hechos planteados.

A diferencia de lo sucedido en las acciones citadas, en las que la conducta del médico es la causa del daño, en el caso planteado es la madre quien ha irrogado los lamentables daños, que pueden ir desde defectos congénitos, bajo peso al nacer, nacimiento prematuroperímetro cefálico pequeño, síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) hasta problemas del desarrollo y la conducta del menor.

Así las cosas, considero que podría resultar viable una acción judicial por procreación irresponsable en contra de la madre. La topología de daños que podría invocarse sería del orden material e inmaterial. Dependiendo de la gravedad de los daños y si llegare a presentarse una condición médica que disminuya la capacidad laboral futura del bebé, podría pensarse en un la concreción de un lucro cesante futuro. En materia de daño emergente, se deberá establecer los gastos futuros que sus acudientes y, en algún momento, el menor tendrán que asumir a consecuencia de la adicción.

En punto de los daños inmateriales, evidentemente se podrá plantear la viabilidad en el reconocimiento de un daño a la salud y del daño moral. Respecto al primero, la reparación deberá otorgarse solamente al menor por ser el único titular. La extensión del mismo, puede incluir no sólo las condiciones orgánicas que puedan ser generadas por la adicción, sino también las afectaciones psicológicas derivadas de la acción.  Frente a la segunda clase de daños inmateriales, adicional al menor, se encontrarían legitimados para solicitar reparación el padre, los hermanos (si existen), los abuelos y, en general, cualquier persona que demuestre una relación de afección con el menor.

En materia probatoria, el daño a salud deberá ser probado de manera médica, al paso que los daños morales, probablemente admitan una presunción de hombre, incluso hasta el grado de parentesco con los abuelos. Los demás sujetos que se consideraren perjudicados con los actos de la madre que no pertenezcan a familiares cercanos, deberán aportar plena prueba que acredite la afectación.

En suma, estamos en presencia de un caso cuyas consecuencias, lejos de mantenerse en un ámbito netamente familiar y extrajudicial, constituyen un presupuesto fáctico concreto para que, en el futuro, veamos fallos de posible condena en contra de una madre que generó adicción a su hijo en pleno periodo de gestación.

Responsabilidad Civil Por Bebés Adictos A La Droga

Etiquetas

, , , , ,

En meses pasados fuimos testigos de un turbador vídeo en el que un bebé sufría de episodios de reacción muscular continua generados por su dependencia a las drogas, como consecuencia del consumo de las mismas por parte de la madre en el periodo de gestación.

La patología se denomina síndrome de abstinencia neonatal y se puede presentar por el consumo  de drogas como la heroína, la codeína, la oxicodona (Oxycontin), la metadona o la buprenorfina en dicho periodo.

Tal reacción se presenta cuando, una vez las sustancias descritas atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero, éstas dejan de ser proveídas al bebé.  

Más allá de la lamentable situación del bebé –la cual no se desconoce-, el caso descrito plantea un escenario en demasía interesante a la luz de la disciplina de la responsabilidad patrimonial.

En casos ligeramente similares, las personas afectadas con la conducta del causante del daño han hecho uso de las acciones de wrongful birth, wrongful life, wrongful conception y wrongful adoption. No obstante, ninguna de ellas, al parecer, se ajustaría a los hechos planteados.

A diferencia de lo sucedido en las acciones citadas, en las que la conducta del médico es la causa del daño, en el caso planteado es la madre quien ha irrogado los lamentables daños, que pueden ir desde defectos congénitos, bajo peso al nacer, nacimiento prematuroperímetro cefálico pequeño, síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) hasta problemas del desarrollo y la conducta del menor.

Así las cosas, considero que podría resultar viable una acción judicial por procreación irresponsable en contra de la madre. La topología de daños que podría invocarse sería del orden material e inmaterial. Dependiendo de la gravedad de los daños y si llegare a presentarse una condición médica que disminuya la capacidad laboral futura del bebé, podría pensarse en un la concreción de un lucro cesante futuro. En materia de daño emergente, se deberá establecer los gastos futuros que sus acudientes y, en algún momento, el menor tendrán que asumir a consecuencia de la adicción.

En punto de los daños inmateriales, evidentemente se podrá plantear la viabilidad en el reconocimiento de un daño a la salud y del daño moral. Respecto al primero, la reparación deberá otorgarse solamente al menor por ser el único titular. La extensión del mismo, puede incluir no sólo las condiciones orgánicas que puedan ser generadas por la adicción, sino también las afectaciones psicológicas derivadas de la acción.  Frente a la segunda clase de daños inmateriales, adicional al menor, se encontrarían legitimados para solicitar reparación el padre, los hermanos (si existen), los abuelos y, en general, cualquier persona que demuestre una relación de afección con el menor.

En materia probatoria, el daño a salud deberá ser probado de manera médica, al paso que los daños morales, probablemente admitan una presunción de hombre, incluso hasta el grado de parentesco con los abuelos. Los demás sujetos que se consideraren perjudicados con los actos de la madre que no pertenezcan a familiares cercanos, deberán aportar plena prueba que acredite la afectación.

En suma, estamos en presencia de un caso cuyas consecuencias, lejos de mantenerse en un ámbito netamente familiar y extrajudicial, constituyen un presupuesto fáctico concreto para que, en el futuro, veamos fallos de posible condena en contra de una madre que generó adicción a su hijo en pleno periodo de gestación.

Robot Lawyer. La Nueva Fuerza Laboral

Etiquetas

, , , , , ,

wp-1464266699895.jpegHace un año, en un foro sobre jóvenes emprendedores en tecnología, le hice la siguiente pregunta a uno de los panelistas: ¿siendo el Derecho una disciplina tan estática en su forma de ejercer, cómo cree usted que esta herramienta podría mejorar nuestra carrera? Sinceramente, la respuesta me dejó un poco desconcertado. Esperaba un poco más. Dijo: “sería una locura si los abogados fueran reemplazados por robots. El que lo logre se vuelve millonario.”

Por supuesto mi reacción fue: “eso es imposible. Nunca una máquina podrá sustituir el raciocinio en el análisis de un caso.” Sin embargo, vaya sorpresa que recibo cuando, en días pasados, leo un artículo publicado en http://es.gizmodo.com/ con el siguiente título “Un bufete contrata al abogado de inteligencia artificial creado por IBM.”

La noticia es, en pocas palabras, la siguiente: La firma estadounidense Baker & Hostetler, acaba de contratar un nuevo abogado llamado Ross. Un sistema de inteligencia artificial creado por IBM.

El sistema es capaz de generar la respuesta a una inquietud jurídica, cuyo contenido considera es el más acertado, según los textos legales existentes. Adicionalmente, rastrea en tiempo real los resultados de nuevas sentencias y juicios que han sentado jurisprudencia y los incorpora a su documentación legal para futura referencia. Si los nuevos datos afectan a un caso en proceso, este asistente virtual avisa a los abogados de la firma para que modifiquen su estrategia con base en tales hallazgos.

Luego de leer esa noticia, surgen mil y una duda. ¿Seré reemplazado por un robot?, ¿dónde queda todo el esfuerzo y dinero que mis papás y yo hemos invertido en mi preparación?, ¿si hoy en día es difícil obtener estabilidad, qué pasará en un par de años que se haga común este servicio?

Evidentemente, es un campanazo de alerta para todos los que nos dedicamos al oficio de la abogacía.

Siendo reflexivos, un cambio de este talante dejaría a más de uno sin banquillo, empezando por las universidades. Según un estudio realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia, en el 2011 éramos 354,4 abogados por cada100.000 habitantes y contábamos con alrededor de 71 facultades de Derecho siendo el país con mayor número de “doctores” en el mundo, después de Costa Rica.

Así pues, una vez se haga común y económico el uso de abogados robots, el nivel de desempleo del gremio sería el segundo más grande del mundo, después del país tico, sumado al desempleo que se generará por la clausura de las facultades de Derecho.

Por su parte, las empresas que requieran de servicios legales estarán más que felices por la disminución, sino la desaparición, de los gastos que representan las prestaciones sociales de un empleado. Esta figura, será reemplazada por los gastos de mantenimiento de los robots.

Desafortunadamente pasaremos a conformar la lista de puestos de trabajos eliminados por la tecnología: cajeros de supermercado, expendedor de tickets de parqueadero, telecomunicadoras de empresas de taxis y la lista sigue.

Lejos de ser una idea paranoica, considero que debemos asumir una posición precavida. Han pasado sólo un par de años desde que los smartphones y sus distintas aplicaciones han cambiado la forma de trabajo ¿Cuánto pasará para que nos veamos enfrentando este nuevo cambio?

Intolerantes a la Lactosa, Tolerantes a la Corrupción

Etiquetas

, , , , ,

wp-1462454441250.jpegEl dicho dice “el pueblo tiene el gobernante que se merece”, sin embargo, coincido con un filósofo  chileno que un día me dijo en Girona “el pueblo tiene el gobernante al que se parece”. Siendo un poco reflexivos creo que el señor tiene toda la razón.

Recuerdo cuando Antanas Mockus se lanzó como candidato presidencial, que un allegado me dijo: “Mockus es muy honesto para ser presidente.”¿Le damos el no a un tipo que dice que los recursos públicos son sagrados por ser honesto? De sólo pensar qué químico en el cerebro le hace falta a una persona para afirmar lo dicho, me da dolor de cabeza.

Continuando con los recuerdos y aun cuando he sido un detractor acérrimo de lo hecho por la traviesa de Vicky, estoy de acuerdo con su equipo de periodistas periodistas: “este país está lleno de doblemoralistas.” Como dice Jaime Garzón, nos escandalizamos por escuchar la palabra Hijueputa, pero no por las bellezas de los congresistas condenados por parapolítica, por las chuzadas, etc. Somos tan corruptillos como pueblo, que aún la mitad de Colombia sigue vanagloriando a uno de los expresidentes más “embarrados” de la historia.

Seguramente lo que diré no será del gusto de muchos –aunque lo he dicho en los primeros párrafos-, pero eso nos pasa por ser un pueblo corrupto. Sólo un pueblo corrupto pasa por alto la presunta falsificación de documentos realizada por  el alcalde de la gloriosa nevera. Sólo un pueblo corruptillo como el nuestro dice “pero es que a Peñalosa no lo eligieron por su doctorado, sino por ser un visionario”.

Sólo los periodistas, un pequeño sector de ciudadanos y un grupo menor de doctorandos pidieron la renuncia de Pinocchio  ¿Y qué pasó?  Anda con Geppetto preparando todo para acabar la reserva Thomas Van der Hammen ¿Qué hicimos como sociedad? Andar pendientes si Nairo es líder o qué hicieron los famosos el fin de semana.

¿Qué hicimos como pueblo cuando los taxistas se manifestaron a través del paro delincuencial destruyendo varios vehículos o cuando secuestran pasajeros de Uber? Estar pendientes si la novela ya va a empezar.

Nos resbala, pero por qué. Cada vez estoy más de acuerdo con el refrán inicial: porque somos corruptillos igual que ellos. Casi nadie se molestó por la presunta falsificación de documentos académicos por el simple hecho que un número considerable de colombianos lo ha hecho o estaría dispuesto a hacerlo.

Pocos se molestan por los colados, porque algún día ellos se podrían colar.

Me resulta increíble que el primer ministro de Islandia haya renunciado por tener aparentes nexos con los papeles de Panamá y no una persona que, al parecer, falsificó su título o, al menos, dice tenerlo sin haber estudiado para ello.  Pero peor aún es que no tengamos la autoestima y rectitud como pueblo de exigir su renuncia, así como hicimos con Vickysilla.

Increíblemente somos intolerantes a la lactosa  y tomamos leche deslactosada, pero con pan untado de mermelada de Juan Pa.

Y es que ser corrupto no sólo se trata de hacer o propiciar “torcidos”. Cada trampilla que usted y yo hacemos día a día es muestra de nuestra mente ilegal. Si se cola es corrupto, si se le “tumba” los cincuenta pesos de vueltas al pasajero en un pasaje que vale $1.550 pesitos es corrupto, si cobra demás es corrupto, si soborna a un “chupa” es corrupto, si se deja sobornar por veinte mil o cincuenta mil razones es corruptillo.

En fin mi querido colombiano, nuestra cotidianidad es tan corrupta que somos un pueblo corrupto.

Audio

Yo Robot

Etiquetas

, , , , , , ,

wp-1460343832595.jpegPara nadie es un secreto que la tecnología desarrollada en los últimos diez años ha modificado significativamente la forma en que la sociedad vive, interactúa y crece. Desde Uber, Netflix, Airbnb hasta el concepto de Cíborg -criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos,generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología-, son reflejo del avance dado esta.

Más allá de los conflictos morales y éticos que pueda suponer el uso de la tecnología en materia científica respecto de los seres humanos, lo cierto es que su presencia genera bastantes inquietudes, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial. En esta ocasión me referiré al gran interrogante que plantea el increíble avance en materia de prótesis y si, con ocasión del mismo y la sensación de realismo y naturalidad que experimenta el paciente con su uso, es posible hablar de daño a la salud en caso de presentar una lesión sobre dicha prótesis.

De entrada, señalo que el tema en comento amerita un estudio completo que resulta imposible de acotar en un par de líneas, por lo que este artículo tiene una pretensión meramente cuestionadora y reflexiva, sin planteamiento aparente de respuesta.

De lleno  al punto, un reciente estudio dirigido por neurocientíficos de la Universidad de Chicago (EUA) supone un paso adelante hacia las prótesis de extremidades humanas que recrean el sentido del tacto gracias a una conexión directa con el cerebro; avance que implica una humanización de ese cuerpo externo adicionado para un mejor funcionamiento.

Ahora bien, el daño a la salud considerado como toda lesión física o psíquica corporal sufrida por la víctima supone, como resulta evidente, que la misma recaiga sobre el cuerpo humano. Vista la definición de Cíborg dada al inicio del escrito, correspondiente a una criatura compuesta por elementos cibernéticos pero también por orgánicos cabe preguntarnos, pues, si ¿cuerpo humano sólo es aquel que se encuentra cibernéticamente inalterado?, o ¿también se puede llamar cuerpo humano a la totalidad de la humanidad del sujeto sin importa si ha sido mejorado cibernéticamente?

En realidad, es un cuestionamiento del todo pertinente en un campo en el que la tecnología revive la realidad de las sensaciones del cuerpo humano.

La respuesta a tales inquietudes nos permitirán establecer si la lesión sucedida sobre una prótesis totalmente integrada al cuerpo de la víctima y que recrea a la perfección el sentido del tacto, se puede configurar como daño a la salud.

De cara a los avances indiscutibles e imparables de la tecnología aplicable al ser humano, resultaría un tanto difícil negar el replanteamiento del concepto de ser humano y, por tanto, de cuerpo humano. No hay que olvidar que la especie humana es la única, al menos conocida, que dirige su propia evolución por medio de la tecnología.

Retomando el punto  y suponiendo como afirmativa la respuesta a los interrogantes planteados, de la otra orilla se encuentra el cuestionamiento acerca de la remplazabilidad de la prótesis ¿acaso esta característica de sustitución le restaría mérito al reconocimiento del daño a la salud?

Como se puede ver, es un tema no sólo discutible sino totalmente pertinente tanto para la actualidad, como para los años venideros que no parecen ser pocos. Con seguridad, en unos cuantos años, sino es meses, el caso deberá ser resuelto por los tribunales judiciales a nivel mundial

1 Pregunta Cuya Respuesta le Hará Ganar Más Clientes a Su Despacho

Etiquetas

, , , , , ,

diffLas fuerzas armadas de Colombia están de moda en los últimos días y no precisamente por sus resultados. Sin embargo, esta entrega tiene una finalidad distinta a la de comentar acerca de anillos o de caballeros. De hecho,  se trata de una estrategia que, al menos, al Ejército le ha funcionado: el pulgar hacia arriba.

De todo se podría imaginar uno menos que hombres acostumbrados a cargar un rifle, a tener un carácter incluso agresivo y a ser objeto de señalamientos relacionados con falsos positivos, violaciones, manipulación de escenas del crimen, sobornos, etc.,  deseen buena suerte a los viajeros en las carreteras. Es, tal vez, una de las mejores estrategias que ha implementado el Ejército en la historia reciente, con el fin de cambiar la percepción que tiene la sociedad frente a los soldados.

Hoy, se han dejado de lado los comentarios negativos por parte los viajeros y se han sustituido por opiniones acerca de las duras condiciones de trabajo de los soldados, mostrando compasión en vez de temor.

El cambio ha sido tal, que se siente una gran satisfacción devolver el gesto y remordimiento por no hacerlo.

Pero, ¿qué tiene que ver este ejemplo con el Derecho, o más exactamente con el Derecho visto como negocio? Tiene todo que ver. Nuestro gremio es uno de los más criticados y con justa causa. Investigaciones a magistrados de la Corte Constitucional, condena a abogados por carruseles de contratación y pago de indemnizaciones a colectivos de abogados por el reconocimiento de víctimas que nunca lo fueron son el pan de cada día. Infortunadamente, para la sociedad somos un mal necesario.

Entonces, querido colega, no basta con promocionarse como buen abogado, con montar una página de internet, estudiar en una buena universidad y repartir un par de tarjetas de presentación.

Su tarea debe consistir en crear el ambiente de confianza adecuado, para cambiar la imagen que la sociedad tiene de los abogados. Si nunca nos hubiésemos esperado tal actitud benevolente de parte de un soldado, ¿cuál sería aquella actitud totalmente inesperada de nuestro gremio?

Respondiendo esta pregunta encontrará su estrategia de mercadeo como abogado litigante y, evidentemente, más clientes.

Deje de mirar a la competencia, sobre todo a los grandes bufetes, con visión inalcanzable e imitadora y preocúpese por actuar incluso como ellos no lo harían.  La clave, repito, es buscar en lo inexplorado. Imitar lo conocido y actuar de forma predecible puede que lo destaque tan sólo un poco de la competencia, pero en realidad no le brindará ese toque distintivo. Recuerde que este país del sagrado corazón de Jesús es el que más gradúa licenciados en el mundo.

A pesar de lo las consecuencias negativas que acarrea ocupar el penoso primer puesto en esta materia, nuestra disciplina es un lugar perfecto para la innovación y desarrollo disruptivo. El ejercicio de la profesión, más allá de la incursión mediocre de la tecnología en esta esfera, ha sido el mismo durante siglos. Seguimos haciendo las cosas de la misma forma una y otra vez. Las grandes firmas se han caracterizado por figurar en revistas internacionales, en formar a sus abogados en el exterior pero no en crear un movimiento diferenciador.

Por su parte, las pequeñas y medianas firmas se limitan a imitar a los grandes y termina siendo un círculo vicioso.
Tome el ejemplo dado e inicie la búsqueda de la respuesta adecuada. Ahí estará la clave de su crecimiento ¿Usted cómo se diferenciará del resto?

Las Travesuras De Vickysilla y De Su Equipo De Periodistas Periodistas

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , ,

Antes que nada, debo enunciar las premisas que fundamentan mi opinión, las cuales resumo así:

Premisas generales:

  • El Estado colombiano es un Estado perezoso y corrupto, en el cual se juzga e investiga a conveniencia a las personas, en especial, a los funcionarios públicos dependiendo de los intereses del gobierno de turno.
  • En este contexto, el periodismo ha ocupado un lugar fundamental en la investigación de graves delitos que de no haber sido por la presión de los medios de comunicación, seguirían impunes y desconocidos por la sociedad.
  • Gracias a este protagonismo, la Fiscalía General de la Nación se limita a desarrollar sus funciones en la medida en que los hechos denunciados en los medios de comunicación tengan mayor o menor relevancia social y “sólo” con base en la información proporcionada por éstos.
  • Esta cadena de hechos, ha permitido que los medios de comunicación tengan tal influencia en la justicia que, en la actualidad, el juzgamiento de una persona inicia en este escenario y culmina en los estrados judiciales.
  • No obstante la importante función ejercida por los medios de comunicación, el poder adquirido por estos como consecuencia de la desidia y corrupción del Estado es de tal magnitud que los principios que gobiernan la investigación y juzgamiento de hechos con contenido delictual -entiéndase debido proceso, derecho de defensa, derecho a la no autoincriminación y, por sobre todo, la presunción de inocencia- desaparecen en un escenario mediático.
  • Colofón de lo anterior, los medios de comunicación violan derechos fundamentales de los ciudadanos y funcionarios públicos en pro de lograr justicia, al menos, formal.
  • Finalmente, señalar que desde un punto de vista estrictamente legal el contexto mediático no puede ni debe ser el escenario bajo el cual se investigan y juzgando hechos aparentemente delictuales.

Premisas específicas:

  • Estoy de acuerdo con la renuncia de Palomino, la cual se debió haber presentado desde el momento mismo de las denuncias.
  • Estoy de acuerdo en que los hechos denunciados en torno a la existencia de la comunidad del anillo son gravísimos y que deben ser investigados y juzgados por la autoridad competente lo antes posible.
  • Si el río suena piedras lleva, por lo que es muy probable que sí exista la “Comunidad del Anillo” pero estos actos no son el camino para demostrarlo.
  • No estoy de acuerdo con la publicación del vídeo, por cuanto lo demostrado con él no justifica la limitación dada al derecho a la intimidad.
  • Así como no es aceptable la publicación del vídeo, tampoco lo es la publicación de las fotos y conversaciones sostenidas por el ex defensor del pueblo Jorge Otálora.

OPINIÓN:

Aquellos que tenemos el hábito de escribir sabemos que, normalmente, la última parte de un artículo o columna resulta ser el título. Primero plasmamos nuestra opinión y, una vez condensada en el texto, surge, sin mucho esfuerzo, el título.

Sin embargo, esta es la primera vez, en los años que llevo expresando mi forma de ver las cosas, que el título del artículo es tan claro. En mi mente no había otro. Fue amor a primera vista: “Las travesuras de Vicky y de su equipo de periodistas periodistas”.

Siempre me pregunté por qué se hacían llamar de esa forma ¿Acaso la conjugación “equipo de periodistas” no era lo suficientemente entendible para la audiencia como para no caer en la redundancia? Al parecer no. Tal vez, para ellos, el oficio del periodismo a secas no es tan serio, por lo que les resultaba necesario reforzar el concepto repitiendo la palabra una vez más.

Retomando le punto, el simple título ya me indica la forma en que debía escribir. Con habitualidad suelo ser muy directo y preciso en lo que digo, pero la sensación que me despierta el título me lleva más a dirigir mi opinión a un estilo de sátira, con narración de cuento (ojalá lo logre) y usando un lenguaje bastante coloquial. De hecho, muy distinto al jurídico que uso a diario, por lo que pido disculpas a mis colegas si no encuentran un lenguaje a la altura de sus perfiles pero la finalidad es que cualquier persona entienda su contenido.

El centro de la opinión es si los medios de comunicación deben ser sede de investigación y juzgamiento de hechos aparentemente delictuales y, por ende, si el vídeo del señor Ferro y su amante Anyelo se debió haber publicado o no. ¿El punto de vista? Naturalmente el legal. Soy abogado. No obstante, aprovecharé el espacio para opinar sobre cosas banales relacionadas con el tema central.

Puede que te identifiques con ellas o puede que no. Simplemente toma lo que te sirva. Si de nada te sirven los dos primeros párrafos, no sigas leyendo porque perderás tu tiempo y es muy valioso. Sin más preámbulos:

Ay Vickysilla Vickysilla, tienes unas características en tu forma de hacer periodismo –tu actitud, tu posición frente a la notica, tu voz y hasta tus dichos con cambio de acentuación (la cosa política sigue moviendosé)[1] – que sólo tienes dos opciones: o la gente te odia o te ama. Contigo no hay términos medios. Y sí, te tuteo, porque aunque no me has dado el permiso, la ingenuidad de tus actos me llaman a la serenidad en mi lenguaje.

Parece que RCN tiene la gran capacidad de vincular personal con ese perfil. Basta recordar al “doctor” Dios Antonio Vélez y a la flaca Claudia Gurisatti. Por él conocí la palabra “filigrana” en relación con el fútbol y, por ella, las estrellas en el programa La Noche.

Para serte totalmente honesto, nunca me ha gustado tu forma de hacer periodismo, aunque debo reconocer que los medios de comunicación han logrado ganar grandes batallas que sin ellos hubieran sido imposibles de pensar y de las cuales tú has sido participe. Pero también entiendo que, en sus manos, tienen un cuarto poder que, si bien ha traído beneficios, resultan ser peor que la Fiscalía y Jueces juntos. Y ahí no sólo está la FM y su equipo de traviesos periodistas periodistas; también está Julito, la fiscal delgada ante los medios de comunicación Camila, Darío Arizmendi con su melodiosa voz y el resto de la pandilla.

Tras escuchar estas emisoras por un par de años, sinceramente prefiero rendir indagatoria ante la fiscalía o ser interrogado por un juez, que salir al aire en estos programas.

¡Pilas¡ si no eres de su gusto, olvídate del derecho de defensa, del debido proceso, de la posibilidad de no autoincriminación, de la decisión que tienes de guardar silencio ante las preguntas y, por sobre todo, de la presunción de inocencia a tu favor.

Recuerdo perfectamente aquella entrevista entre Vickysilla y el Director de la Aeronáutica Civil, señor Gustavo Lenis, en la que, por un lado, casi no deja hablar al pobre tipo y, por otro, saca las siguientes perlas negras: “pero cómo va a decir que no sabe si usted es el director de la Aeronáutica, entonces a quién le preguntamos? A mi mamá?” y remata su respetuosa entrevista diciendo “es que usted no puede salir con esa PAYASADA”´.

Después de este pequeño recorderis y del evidente traspié de la pequeña Lulú en relación con el video amoroso entre Charlie y Anyelo, me ratifico aún más en lo dicho. En un escenario judicial al menos en el papel -tendré el derecho a defenderme, a no autoincriminarme ni incriminar a mi familia, a guardar silencio y a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿Qué sucedería si al aire decido no contestar algún interrogante? Me juzgarán ante toda Colombia, arruinaran mi vida y lo peor de todo  es que podría resultar absuelto en el proceso judicial. He ahí la discusión.

¿Son los medios de comunicación el escenario adecuado para someter a análisis elementos probatorios, efectuar denuncias y emitir juicios de valor?

Como todo en Derecho la respuesta es: depende. ¿De qué? De la gestión de los órganos de investigación y control del delito y de la infracción. El conducto regular es poner las pruebas a disposición de la Fiscalía, permitir que ellos corroboren su veracidad y, a partir de la credibilidad y contundencia que pueda generar aquella prueba, iniciar una investigación formal. Este, queridos Julito, Darío, Camila y Vickysilla, es el deber ser.

Ahora, si efectivamente esta entidad tan respetable y transparente no se digna a investigar, considero justificada la divulgación de material probatorio previas varias consideraciones. En primer lugar, determinar el valor probatorio de los elementos aportados. ¿En realidad, probatoriamente hablando –no en el ego o imaginación del periodista-, el material aportado demuestra nuestra premisa? Este análisis no lo debe hacer un periodista. Lo debe hacer un abogado capacitado en el tema. ¿Acaso un periodista sabe qué es el estándar de prueba y cómo se supera en materia penal? Zapatero a tus zapatos. En el caso concreto, el vídeo, jurídicamente hablando, ni quita ni pone en la demostración de la existencia de la comunidad del anillo. Hoy en día, la brecha entre lo probado y lo que se debe probar para obtener una condena es la misma que existía antes del vídeo.

Sin embargo, la pechichona de la Vickysilla sigue insistiendo en que las pruebas se deben analizar en un contexto general (cuestión con la que estoy de acuerdo), ya que el material en conjunto sí demuestra, sin duda alguna, la existencia de la red de prostitución (conclusión con la que no estoy de acuerdo) ¿Por qué no estoy de acuerdo? Veamos: el tema a demostrar (hipótesis probatoria) es que altos funcionarios públicos como policías y congresistas “montaron” una red de prostitución masculina que tiene como fin promover ascensos a aquellos policías de inferior rango que estén dispuestos a satisfacer las necesidades o deseos sexuales de aquellos altos funcionarios. Para confirmar esta hipótesis se debe demostrar, mediante pruebas legalmente obtenidas: i) que altos funcionarios públicos promueven ascensos a cambio de favores sexuales  y ii) que  el consentimiento del policía en sostener encuentros amorosos está guiado por los beneficios de dicho ascenso.

Por su parte, el vídeo demuestra: dos funcionarios públicos en horario laboral, manifestándose cuánto desean explorarse el uno al otro, intercambiando datos de longitud y grosor y compartiendo anécdotas de tiempo atrás. La cuestión, es que en el mismo no se evidencia el sostenimiento de relaciones sexuales, ni mucho menos que hayan sido a cambio de favores sexuales de Anyelo hacia Charlie, ni hacia ningún otro funcionario.

Ahora bien, en el marco de la divulgación se dieron un sinnúmero de justificaciones que resultan, cuando menos, preocupantes y de las cuales vale la pena hacer un par de aclaraciones.

Existe una diferencia abismal entre Denuncia y Prueba. En este sentido, no se puede pretender darle el valor probatorio que la traviesa de Vickysilla y su equipo de periodistas al cuadrado desean otorgarle a las denuncias presentadas por las aparentes víctimas, ya que la denuncia, en esencia, es aquel  instrumento establecido por el legislador a través del cual una persona pone en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos que podrían llegar a tener contenido delictual. En otras palabras, es un vehículo de comunicación en el que cualquier persona le informa a la Fiscalía determinados hechos, los cuales requerirán de pruebas para su demostración y respectiva sanción. Por lo tanto, es un error decir que la denuncia es una prueba de lo denunciado, así como lo es afirmar que el texto de la demanda es prueba de lo demandado. De hecho, puede existir denuncia o demanda sin pruebas y el resultado será la no imposición de sanción o condena. Así pues, no se puede justificar tal violación a la intimidad de Ferro con la simple existencia de columnas de otros periodistas, así como denuncias que no han resultado en condenas.

Otra falacia que la pequeña Vicky ha divulgado en los medios de comunicación consiste en afirmar que la prueba del vídeo es válida –y en consecuencia demuestra la hipótesis-, por el simple hecho de que la víctima la aportó a la investigación iniciada por la Fiscalía y Procuraduría. Para que estemos claros: la validez o invalidez de la prueba no depende de quién la aporte, sino de en qué condiciones se obtuvo. Existen determinados requisitos en la obtención de pruebas que deben ser cumplidos, para que la misma sea válida: por sólo citar un ejemplo, en el caso de interceptación de llamadas debe existir autorización para tal fin, por lo que la invalidez o validez dependerá si la misma se obtuvo con o sin permiso de la autoridad competente. En estos términos, la prueba puede ser válida y aunque aportada por la víctima, tales características no concluyen en una condena para el denunciado.

Por si fuera poco, otro argumento de defensa de la periodista por la que muchos clamaron que hiciera un desnudo en la revista Soho[2], para mostrar sus curvas “moviendosé”, es señalar que existe justificación en la publicación del material, como quiera que el Procurador tendrá el video como prueba. A eso contesto: ¿y qué? ¿Acaso que monseñor tenga en cuenta una prueba en cuenta dentro de su proceso inquisitorio le permite a un grupo de personas violar el derecho a la intimidad de la forma en que se hizo? Probatoriamente hablando, mi estimada Vickysilla lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Además, que se diga que lo va a incorporar dentro del material a analizar no implica que al mismo se le vaya a otorgar la validez que tú y tus traviesillos pretenden darle.

Por citarte otro ejemplo: en un proceso judicial por incumplimiento de un contrato de compraventa de automotor yo puedo allegar un certificado de tradición y libertad de un inmueble cualquiera, el cual será incorporado, tenido en cuenta por el juez pero, a todas luces, no aportará un carajo en torno a la decisión sobre el incumplimiento del contrato. Para ser más explícito, pueden allegar todos los documentos que quieran al proceso, por cuanto todas las personas que se hagan parte dentro del mismo tienen el derecho a probar y a refutar las pruebas allegadas; sin embargo, eso derecho no implica, per se, que el material que yo aporte refleje lo que, efectivamente, se denuncia o demanda.  Así que, estimada periodista, no confundas gimnasia con magnesia.

Para culminar las infructuosas razones de la pequeña Lulú y en congruencia con lo anteriormente dicho, es de destacar que el hecho que sea la propia quien víctima aporte la prueba el mismo no indica que las situaciones denunciadas son necesariamente ciertas. Eso, lo determinará el juez. Es decir, el hecho que el curioso Anyelo se rotule como víctima y que sea él quien aporte el video no determina la culpabilidad de nadie. Faltaría más que el único requisito para privarte a ti lector, a alguien de tu familia o al mismo Charlie de la libertad sea que la propia víctima aporte la prueba.

Continuando con los criterios bajo los cuales se puede generar la divulgación de material probatorio por los medios de comunicación, se debe decir que la segunda medida a tomar es determinar si, en el caso concreto, se justifica la limitación del derecho a la intimidad en pro de la defensa de un interés general. Esto es, el objeto de protección debe ser de tal magnitud e importancia que se justifique la violación a la intimidad. A mayor gravedad mayor invasión del derecho. Éste, tal vez, es de los puntos más difíciles, por cuanto, en el camino, se presentan muchos distractores que nos pueden conducir a un resultado no deseado.

Según el artículo 15 de la Constitución Nacional, “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. Por supuesto, dicho derecho tiene un alcance mucho menor en tarándose de funcionarios públicos precisamente por la publicidad de su cargo y funciones. Máxime cuando los fines del Estado se cumplen a través de personas con esta investidura. No obstante, tal restricción no es ilimitada ni puede ser desmedida.

Y precisamente el criterio para limitar tal derecho deberá ser la protección del interés general. Pero, ¿cuál interés?

A mi juicio, el vídeo sólo demuestra: conversaciones de contenido sexual entre dos funcionarios públicos en horario laboral, “capando” trabajo y en uso de un vehículo del Estado. Y si esto es así entonces, la pregunta sería: ¿se justifica desvelar detalles de la vida íntima de un funcionario, con el fin de respetar y hacer respetar la institución por no cumplir el horario laboral y por hacer mal uso de un vehículo estatal? Es decir, ¿el día de mañana cualquier persona te puede agarrar con las manos en la masa teniendo relaciones sexuales con un compañer@ de trabajo en el lugar de trabajo y grabarte, para luego divulgar el video a toda la entidad simplemente porque debemos respetar la institución y porque el interés de todos está por encima del tuyo? La pregunta que nos debemos hacer es si son proporcionales las consecuencias de la lesión al derecho de la intimidad en contraste con los fines perseguidos, sabiendo que vídeo no demuestra la hipótesis planteada. Definitivamente no. Si la prueba es tan crucial como dice la pequeña Vicky, por favor que digan de una vez por todas quiénes son los cabecillas de la Comunidad, cuánto tiempo llevan cometiendo el delito, quiénes son las víctima, etc.

Ah, y por favor dejen de comparar el país del tío Sam con Colombia. Claramente si este suceso  hubiera sucedido en tierras americanas Dávila sería toda una heroína, sería la mujer maravilla. Sin embargo, los límites del derecho a la intimidad allá y acá son bien distintos, así como lo son con respecto al derecho a la vida. Para nadie es un secreto que una buena parte de celebrities gringas darían un billetal porque las dejaran vivir su vida sin tanto paparazzi. Entonces, no permitamos que la importación de un sistema penal acusatorio, de la moda y la forma de vivir americana nos confunda nuestros valores y fundamentos como sociedad. Ojo, no se trata de mojigatadas. Allá ni respetan la intimidad ni la vida, como ya dije. Sólo es cuestión de que recuerde un par de películas gringas en las que se le quita la vida al condenado en la silla eléctrica o mediante la inyección letal, para corroborar lo dicho.

Hubiera resultado más decoroso y mucho más respetuoso, dejar que sea la Fiscalía quien le dé el valor probatorio que el vídeo merece y no un equipo de periodistas periodistas que no tienen ni idea del tema ¿Quiénes son ustedes para definir los límites de la intimidad de alguien?

Y es que no se trata de Charlie. Él simplemente fue el primer pendejo que cayó. El tema es que, de no ser por el desagrado del país frente al tema, la traviesa de Vickysilla hubiera dejado una puerta inmensamente abierta para la violación de derechos. Se trata de que tu hijo, el día de mañana, puede ser víctima de la publicación de un vídeo en el que se besa con un compañero del mismo sexo sólo porque se debe preservar el interés general en un colegio católico, por ejemplo.

Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con el equipo de periodistas al cuadrado. La sociedad colombiana es totalmente doble moralista. Como solía decir Jaime Garzón, el colombiano se indigna por escuchar la palabra “hijueputa”, pero no por el robo de los dineros de la salud, de la educación, etc. Hace unos días nadie se “espelucó” por la publicación de las fotos del señor Otálora en los medios de comunicación, aunque todos sacaban sus conclusiones en las calles. Pero resulta que sí se escandalizan por la publicación del vídeo de Charlie y Anyelo. Pareciere que el contenido homosexual generó el repudio social y convirtió a Vickysilla en la mala del paseo, suerte que no corrió Jaimito.

Pero así no hayamos tenido la misma reacción en el caso del ex defensor del pueblo, lo cierto es que la preocupación es la misma ¿Por qué debe exponerse material probatorio en los medios de comunicación y no ante las respectivas autoridades?

Esa clase de periodismo no sólo es amarillista, sino poco profesional. El derecho a la información, tan invocado por el periodismo, no puede anular de un microfonazo el artículo 29 de la Constitución Política[3]. No es del caso repetir los ejemplos dados al principio, ni recordar las entrevistas=juicios que hacen nuestros elocuentes periodistas, pero si vale la pena levantar la voz para que se censure esta clase de actuaciones.

Por consiguiente, lo que se debe reprobar –y lo que repruebo en esta columna-, no es si Otálora se destapó con su sexy secretaria o si Ferro busca el placer en la variedad de género, sino si debe permitir que los medios de comunicación publiquen y valoren material de contenido privado y, adicionalmente, tengan el poder de juzgar ante el país a una persona sin antes ser escuchado y vencido ante un juez de la República.

En conclusión, el uso de los medios de comunicación con fines judiciales sólo podrá justificarse en la medida en que se refleje desidia, corrupción o complicidad de los entes de investigación y control en el ejercicio de sus funciones y mediando una valoración BLANCANIEVESprobatoria, por parte de un abogado, en la que se determine que la gravedad de los hechos aparentemente demostrados con el material publicado es de tal magnitud, que se justifica limitar el derecho a la intimidad de una persona, por más funcionario público que sea.

Así, los demás periodistas se evitan que les saquen la lengua como lo hizo RCN con la traviesa Vickysilla.

[1] Eres muy innovadora al cambiar la acentuación de las palabras. Cambiaste la tilde de la palabra “Moviéndose” a la letra final E, lo cual suena hermoso en tu tono de voz.

[2] Reconozco que tiene su encanto físico.

[3] ARTICULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

 

¿Nuevo Título De Imputación? Pura Carreta

Etiquetas

, , , , , , , , ,

wp-1457314966030.jpegContinuando con el análisis jurisprudencial de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, no me pude resistir a comentar la sentencia 25000232600019990007-01, Expediente: 22637, de 31 de agosto de 2015, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero,publicada recientemente.

Definitivamente, el maltrato teórico que se le da al instituto de la responsabilidad patrimonial, por parte del máximo órgano de lo contencioso administrativo, es inconcebible. Estoy por pensar que al estudiante de Derecho, hasta tanto tenga absoluta claridad en los conceptos que componen esta disciplina, le debe quedar absolutamente prohibido leer sentencias de esta corporación. Sólo por su bien.

Pasando al punto, la providencia gira en torno a los siguientes hechos: El 29 de enero de 1991, la Ley 14 estableció las condiciones legales en las que el Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRAVISIÓN- celebraría los contratos de concesión de espacios de televisión, los cuales serían prorrogables cuando se cumplieran ciertas condiciones. Resultaron adjudicatarios de dichos contratos las sociedades Noticiero Veinticuatro Horas S.A., Producciones JES Ltda., Criptón S.A., y Globo Televisión Ltda T.V. 13 Ltda (socios Enrique Santos Calderón, María Elvira Samper Nieto, Gabriel García Márquez, María Isabel Rueda, Julio Andrés Camacho y Benjamín Villegas Jiménez). En el año 1996 fue expedida la Ley 335 que prohibió la prórroga de los contratos de concesión de espacios de televisión y las disposiciones que excluyeron dicho beneficio -artículos 10 y 28- fueron posteriormente declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-350 del 29 de julio de 1997.

El marco de la anterior decisión, sirvió para ensanchar los supuestos que dan paso a la  responsabilidad patrimonial del Estado en tratándose de leyes declaradas exequibles, llegándose a las siguientes conclusiones: i) la configuración del daño antijurídico no depende de la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de una ley, ii) el daño antijurídico no sólo puede provenir de la lesión de derechos subjetivos ya adquiridos, sino también de la defraudación de expectativas legitimas o estados de confianza, iii) el título de imputación por excelencia frente a la vulneración de derechos adquiridos o situaciones jurídicamente consolidadas constitutivo de daños antijurídicos con ocasión de una ley declarada exequible es el daño especial, mientras que tratándose de la afectación a expectativas legítimas y estados de confianza, el resultado dañoso se imputa por la defraudación del principio de confianza legítima (cita textual) y iiii) la forma de reparación del daño es distinta en cada caso, dependiendo de si se transgreden derechos adquiridos, expectativas legítimas o estados de confianza.

Varios son los puntos inquietantes del texto. Empecemos por el concepto de daño. En la decisión bajo análisis, se señala que “el daño es la medida del resarcimiento, ya que a la luz de los artículos 29, 90 de la Constitución y 305 del C.P.C -principio de congruencia-, son los efectos de esa lesión antijurídica y no otros los que permiten endilgarle responsabilidad a la entidad demandada e identificar el perímetro de la reparación.” Si esto es así, ¿cuál es el escollo de esta definición por donde se cuela el famoso daño a la salud del doctor Gil Botero para así configurar un único concepto? Ninguno, hoy contamos con dos conceptos de daño dependiendo de cuál le convenga más al magistrado de turno.

El segundo y más inquietante punto es el relacionado con la afirmación acerca del título de imputación. Se aseguró que si la lesión recae sobre derechos subjetivos ya consolidados el título de imputación es el daño especial, en tanto si la acción legislativa recae sobre expectativas legítimas o estados de confianza el resultado dañoso se imputa por la defraudación del principio de confianza legítima.

En otras palabras, se señaló que, en la actualidad, existe un cuarto título de imputación denominado principio de confianza que nace en aquellos eventos en los que el Estado, en ejercicio de la función legislativa, expida leyes ajustadas a la constitución (exequibles) pero que causen la defraudación de expectativas legítimas o estados de confianza. Tesis que resulta totalmente confusa.

Para desenredar el hilo, vale la pena ahondar en los argumentos que aparentemente justifican tal posición judicial, con el fin de determinar si son suficientes y, por sobre todo, coherentes no sólo para ensanchar los eventos de responsabilidad patrimonial (daño), sino para la creación de un cuarto título de imputación.

Según la sentencia, se manifestó, con apoyo en el autor Juan Carlos Henao, que pueden llegar a existir situaciones nacidas al margen del derecho que excepcionalmente pueden ser calificadas como intereses jurídicamente protegibles, por lo cual la reparación de un daño no se sustenta necesariamente en el reconocimiento de un derecho consolidado y estrictamente interpretado, ya que existen hipótesis en las cuales situaciones de simple tolerancia, situaciones precarias y, por sorprendente que pueda parecer, situaciones nacidas por fuera del derecho, pueden revelar la existencia de un título que justifica un interés afectado por el daño. Argumento con el que estoy de acuerdo y que, de forma ajustada a esta disciplina, permite, efectivamente, ampliar el espectro de las situaciones objeto de reparación.

Sin embargo, ¿tal premisa justifica correctamente la inclusión de un cuarto título de imputación? Es decir, ¿es un argumento que respete la disciplina de la responsabilidad patrimonial y que, a su vez, permita la creación de un nuevo título? En mi criterio, no. Para argumentar mi posición, es necesario hacer algunas precisiones referentes tanto al elemento daño, como el concepto de título de imputación, no sin antes señalar que el desarrollo doctrinario utilizado por el C.E proviene de un texto titulado “El daño: análisis a partir de la responsabilidad civil extracontractual del Estado en derecho colombiano y en derecho francés” del autor mencionado. Indicio que revela algún grado de acierto en esta columna.

Retomando el punto, según el propio Henao, daño es “toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar– se encuentran reunidos”.

Bajo esta definición, es claro que el argumento invocado por el C.E hace referencia solamente a la ampliación de lo que se entiende por “intereses lícitos” de que trata la anterior definición abarcando los estados de confianza o confianza legítima, más no justifica ni abre la puerta para la inclusión de un nuevo título de imputación.

Por su parte, los títulos de imputación son un conjunto de requisitos bajo los cuales se analizará si hay lugar o no a condenar al sujeto demandado. Representa el escalón final del estudio del caso, constituye la complementación del argumento jurídico que soporta la condena y la escogencia de tal o cual título estará determinada por los hechos relatados.

En otras palabras, los títulos de imputación pueden ser asimilados a tres cristales, cada uno con características distintas, en el que el perjuicio es el objeto a revisar y dependiendo del cristal con que se observe, la visión – es decir, la responsabilidad patrimonial- variará. En palabras muy sencillas, el título de imputación son las reglas de juego aplicables al caso concreto.

Así pues, al sostener que el título de imputación en aquellos casos en que se defrauden expectativas legítimas o estados de confianza está representado por el principio de confianza legítima, se está confundiendo el interés lícito (derecho subjetivo o situaciones en construcción) con el conjunto de elementos que servirán de herramienta para analizar el caso concreto (falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial) ¿Acaso la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial son intereses o derechos lícitos como lo es el principio de confianza?, ¿se podría sostener que tal o cual persona es titular del derecho de falla del servicio o del interés de daño especial y luego analizar el caso bajo ese mismo lente? Disculpará el lector semejante pregunta, pero la misma revela la incoherencia de la sentencia bajo análisis.

Aceptar el planteamiento del C.E es aceptar que, en el futuro, cualquier derecho subjetivo o interés merecedor de reparación se posesione como título de imputación. Aceptar este planteamiento es aceptar que no existe un conjunto de características o requisitos bajo los cuales se analice un caso. Aceptar una premisa como la vista es tanto como decir que el daño especial es el interés lícito y que, a su vez, es el título de imputación.

Por si fuera poco, si en realidad constituye un nuevo título de imputación, ¿cuáles son las características del mismo?, ¿procede por el incumplimiento de una obligación del Estado?, ¿procede por la concreción de un riesgo en desarrollo de una actividad peligrosa lícita?, ¿procede en presencia de una actividad ajustada a Derecho que cause un daño anormal y grave? Nada más peligroso que dejar conceptos vagos e indeterminados a discreción de los litigantes y jueces.

En mi concepto, para el caso concreto, el título de imputación correspondería a daño especial, al paso que el interés reparable son las expectativas legítimas provenientes del principio de confianza legítima. De ninguna forma el objeto de estudio (lesión sobre las expectativas legítimas) constituye, al mismo tiempo, el lente bajo el cual se analiza el caso.

Se itera una vez más para que no quede duda alguna: el título de imputación, por ningún motivo, está constituido por el interés lícito que puede estar representado por un derecho subjetivo o una situación en vía de desarrollo susceptible de lesión.

En conclusión, el principio de confianza sí puede entenderse como interés lícito reparable a la luz de la definición del profesor Henao, sin embargo, tal ampliación en el concepto del elemento daño no modifica títulos de imputación. Por lo tanto, en mi criterio, hoy solo existen tres títulos de imputación: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial. Aquella sentencia termina siendo un pronunciamiento desafortunado que, seguramente, será corregido.